Anuar García Gutiérrez

El discurso que se maneja en el Estado de Jalisco habla de una reducción en la comisión de delitos, sin embargo, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen otra cosa:
• 2023: mil 443 homicidios dolosos, con una tasa de 17.5 por cada 100 mil habitantes. 
• 2024: mil 446 homicidios dolosos, con una tasa de 16.92 por cada 100 mil habitantes. 
• 2025: (enero-marzo): 265 homicidios dolosos cometidos en lo que va del año.
Sin embargo, estas cifras no reflejan del todo la realidad en las calles. La opacidad de la Fiscalía del Estado de Jalisco ha sido señalada por organizaciones y medios, especialmente en la clasificación de delitos como los feminicidios y la desaparición forzada. Desde 2023, no se han publicado cifras claras sobre estos delitos, y en años posteriores (2024 y 2025), la información ha sido prácticamente inexistente por la desatención de las normas que obligan a transparentarla.
Otro dato alarmante es el crecimiento continuo en las desapariciones. Según el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID): 
• 2023: 14 mil 459 personas desaparecidas en Jalisco sin especificar por mes. 
• 2024: 15 mil 216 personas desaparecidas en Jalisco sin especificar por mes. 
• 2025: 15 mil 534 personas desaparecidas en Jalisco sin especificar por mes.
Mientras tanto, otros estados como Yucatán y Coahuila han logrado posicionarse como modelos nacionales en materia de seguridad pública, gracias a estrategias sólidas y resultados verificables por las mismas organizaciones de la sociedad civil.
Yucatán cuenta con seguridad integral y una cultura de paz; su tasa de homicidios dolosos en 2024 fue de solo 0.90 por cada 100 mil habitantes; presenta un sistema judicial eficiente, una baja presencia del crimen organizado y una alta inversión en cultura de paz, con percepción positiva entre la ciudadanía. Su presupuesto en materia de seguridad fue de aproximadamente cuatro mil 172 millones de pesos, lo que equivale a más de mil 813 pesos por cada mil habitantes, mientras que Coahuila ha implementado tecnología y estrategias efectivas, siendo Torreón considerada la quinta ciudad más segura de México según el INEGI (2025), con una disminución sostenida en robos y homicidios, así como programas constantes de capacitación policial. 
Aunque no se cuenta con una cifra desglosada por municipio, Coahuila ha destinado un presupuesto significativo a seguridad pública, parte del cual ha sido asignado directamente a Torreón.
Jalisco, por su parte, asignó en 2025 un presupuesto aproximado de siete mil 500 millones de pesos a seguridad pública. No obstante, al dividir esta cifra entre su población total estimada de 8.3 millones de habitantes, se obtiene un gasto de aproximadamente 904 pesos por cada mil habitantes, notablemente menor que el de Yucatán, el cual recordemos es más del doble en inversión para seguridad.
Ahora bien, Yucatán y Coahuila han podido invertir sus recursos para construir estrategias coherentes y sostenidas en materia de seguridad. Han alcanzado altos niveles de credibilidad en comparación con Jalisco, el cual enfrenta grandes retos persistentes. La entidad muestra una alta incidencia de homicidios, feminicidios, desapariciones forzadas y una presencia activa del crimen organizado, lo que compromete tanto la percepción como la realidad de la seguridad.
Los datos no mienten, pero sí pueden ser maquillados. Jalisco arrastra una crisis de violencia estructural y de transparencia institucional. En contraste, estados como Yucatán y Coahuila han demostrado que, con voluntad política, inversión inteligente y estrategias enfocadas en la prevención, es posible construir entornos seguros, siempre de la mano de la sociedad civil.
La diferencia entre ellos no radica sólo en el número de homicidios o desaparecidos, sino en la existencia —o ausencia— de una política pública real, eficiente y comprometida con sus ciudadanos. Jalisco no solo enfrenta cifras, sino una deuda histórica con las víctimas.

Anuar García

Mejorar la seguridad pública en Jalisco

El 15 de abril del 2025, sicarios asesinaron al Comisario de la Policía de Teocaltiche, Ramón Grande Moncada, mientras que 13 días después, el 28 de abril del año en curso, un sicario entró a un restaurante donde comía el secretario general del ayuntamiento, Jose Luis Pereida Robles, e igualmente lo ultimó a balazos.
En días pasados, cuatro policías municipales fueron privados de la libertad en dicho municipio y actualmente se encuentran desaparecidos, antes fueron asesinados 8 elementos más de la misma corporación, por lo que acto seguido al homicidio del secretario general de Teocaltiche, 20 policías renunciaron a sus labores y dejaron a la población de alrededor de 40 mil jaliscienses en estado de indefensión. Ya en el pasado se habían detectado cámaras de vigilancia, se habían asegurado drones, explosivos, armas de grueso calibre, todo ante la presencia de autoridades locales y federales, quienes no han podido evitar el derramamiento de sangre y el control del crimen organizado.
Hoy se escuchan gritos donde se exige que el Congreso del Estado de Jalisco disuelva el cabildo en dicho municipio y tome el control mediante la instauración de una junta de gobierno que se aleje de la corrupción que en dicho municipio impera; la respuesta del gobernador del Estado ha sido el ofrecimiento de pacificar dicho municipio en 45 días, con una estrategia conjunta entre federación y Estado, la cual exige coordinación y eficacia en la detención y desarticulación de los miembros de la delincuencia organizada que se encuentran detrás de estos homicidios y desapariciones.
Ahora bien, por otro lado nos enfrentamos a “la verdad histórica” del gobierno federal, el cual aduce que no hay evidencia alguna de que en Teuchitlán, Jalisco, hubiese funcionado crematorio alguno, limpiando la escena previamente a la visita de los colectivos de madres buscadoras, contradiciéndose de igual manera con el hallazgo anunciado de huesos y partes humanas en dicho Rancho Izaguirre, lo que nos deja entrever una conclusión política, más que una conclusión jurídica de una investigación seria por parte de la Fiscalía General de la República, toda vez que la misma, de igual manera, se contradice a los hallazgos mostrados por las imágenes satelitales que dejan claro cómo por largos periodos de tiempo, hubo incendios controlados en distintos puntos del mismo predio, lo que nos hace presumir la falsedad de la conclusión de la fiscalía federal.
Cabe recalcar que el 23 de abril del año en curso, María del Carmen Morales, madre buscadora del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, fue asesinada junto a su hijo en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en circunstancias poco claras, puesto que la Fiscalía del Estado, de manera poco convencional, inmediatamente salió a declarar que dicha agresión iba dirigida en contra del hijo de la señora Maria del Carmen y no tenía nada que ver con su labor como madre buscadora, lo cual fue duramente criticado por la sociedad, al grado que el fiscal tuvo que desdecirse y ofrecer continuar con las investigaciones del caso, analizando todas las líneas de investigación del posible feminicidio. 
Todo lo anterior deja claro el alto nivel de inseguridad que se vive en Jalisco y la necesidad, hoy más que nunca, de coordinar esfuerzos entre la federación y el Estado para regresar la tranquilidad a sus ciudadanos.

De Teuchitlán a Teocaltiche, Jalisco arde en llamas

Jalisco sigue siendo el epicentro de la desaparición de personas, y ahora una nueva modalidad delictiva se gesta silenciosamente tras las pantallas: el reclutamiento forzoso de menores a través de aplicaciones de juegos en línea. Este fenómeno aún poco visibilizado, representa una amenaza directa a la seguridad de niñas, niños y adolescentes. La mecánica es perversa y meticulosamente calculada, toda vez que una vez que el menor avanza ciertos niveles dentro del juego, es contactado por un “jugador” que bajo la apariencia de amistad, inicia una conversación aparentemente inocente.
El problema comienza cuando el menor se percata de que esa persona conoce detalles privados sobre su vida, su dirección, nombres de familiares, horarios escolares, entre otros. La confianza inicial se convierte en miedo y lo que parecía entretenimiento, se transforma en una trampa con la finalidad de obligarlo a desaparecer de su entorno familiar para ser partícipe en la comisión del delito de secuestro virtual en agravio suyo y de sus familiares, o en otros casos, para unirse a las filas de la delincuencia organizada.
Así fue el caso de un adolescente de 13 años en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, quien fue víctima de secuestro virtual. El menor recibió una llamada intimidante por parte de un interlocutor del videojuego, quien lo obligó a salir de su domicilio, sin permitirle que tuviera comunicación con sus familiares y así hacer a éstos, presas del miedo y la zozobra, asegurándoles que dicho menor se encontraba secuestrado.
Esta forma de privación de la libertad —aunque sin contacto físico directo— no es aislada. Datos recientes indican que durante 2024 y 2025, el Estado de Jalisco ha sido testigo de múltiples casos similares: 
• La Universidad de Guadalajara reportó al menos 44 casos de secuestro virtual en 2024, cifra que aumentó en 2025 a un promedio de un caso diario, muchos de ellos dirigidos a estudiantes. 
• En Tlajomulco, seis menores fueron rescatados entre noviembre de 2024 y enero de 2025 tras haber sido manipulados y extraídos de sus hogares por medio de amenazas virtuales. 
• En Zapopan, la Policía Escolar frustró cinco intentos de secuestros virtuales dirigidos a jóvenes estudiantes universitarios.
El modus operandi incluye llamadas desde centros penitenciarios, suplantación de identidad digital, intimidación psicológica y exigencia de rescates económicos a los familiares. Lo alarmante es que los delincuentes han comenzado a incorporar Inteligencia Artificial para imitar voces, hacer videollamadas convincentes y manipular emocionalmente a sus víctimas.
Estos juegos en línea están marcados por el silencio, el miedo y la coacción. Los menores no sólo se enfrentan a la presión de avanzar en niveles virtuales, sino a amenazas que los trasladan del entorno seguro de su casa a un limbo de riesgo, angustia y desaparición.
Este tipo de violencia invisible requiere atención inmediata. Las autoridades, las familias, las escuelas y las plataformas digitales deben articular acciones coordinadas para prevenir, detectar y sancionar este delito emergente. De lo contrario, seguiremos viendo cómo tras cada partida en línea, se oculta una trampa que silencia infancias y engrosa las cifras de desaparecidos en Jalisco.

Desaparición de jóvenes que juegan videojuegos en línea

Este 2025 subieron más de 400% los secuestros virtuales en el país, si bien es cierto que ya tenían años ocurriendo, también es cierto que desde la llegada del actual gobierno con las medidas que se han impuesto en contra de los cárteles de la droga, tanto en México como en Estados Unidos, estos han tenido que diversificarse y ahora han optado por delinquir con la instalación de “call centers” tanto en centros penitenciarios, que para nadie es sorpresa que operen mediante el autogobierno, como en lugares establecidos camuflados entre la población, desde donde se dedican a realizar la ilegal práctica de extorsionar vía telefónica a la ciudadanía y obtener millonarias ganancias.
¿Cómo prevenir el ser una víctima más de esta práctica? 
Lo más importante es tener comunicación hacia dentro del núcleo familiar y saber cómo suceden los secuestros virtuales y así prevenir engrosar la cifra de afectados.
1) Si recibes una llamada a tu teléfono fijo (casa o negocio), donde te digan con palabras altisonantes que van a causarle daño o secuestrar a algún familiar tuyo, pues se identifican como parte de un grupo de la delincuencia organizada, cuelga en ese momento, pues es el primer paso para iniciar con la llamada de secuestro virtual.
2) Si te ordenan que salgas de tu domicilio, que te dirijas a una tienda de conveniencia donde debes adquirir un nuevo número celular y apagues el tuyo, para posteriormente ordenarte que vayas a resguardarte en un hotel, en ese momento debes saber que te están usando para ser “la carnada” con la que engañarán a tus familiares diciendo que el secuestrado eres tú y así obtener ganancias millonarias.
3) En cuanto identifiques cualquiera de los dos pasos anteriores debes colgar, identificar el número y llamar al 911 para reportarlo.
Por increíble que parezca, delitos de esta naturaleza ocurren por decenas a diario en nuestro país y las autoridades se encuentran rebasadas para la atención de los mismos, así como para llevar a cabo el rastreo del dinero que se le deposita a estos grupos de delincuentes, por lo que ante la nula efectividad en la prevención y persecución de los delitos, lo mejor es cuidarnos hacia adentro del núcleo familiar.

Como evitar ser víctima de un secuestro virtual

Mientras la ONU aplica el artículo 34 de la Carta de las Naciones Unidas a nuestro país, la cual permite al Consejo de Seguridad investigar situaciones que puedan conducir a conflictos internacionales, todo esto por los 125 mil desaparecidos, más una cifra negra desconocida, en Jalisco se sigue negando la crisis de desaparecidos que enfrentamos día con día.
No pasa desapercibido el comunicado que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el que niega que exista una crisis de desapariciones, contradiciendo lo señalado por la ONU y la misma Fiscalía General de la República; señalando incluso que se trata de una estrategia de “intervencionismo internacional” en contra del país, todo esto con la finalidad de justificar lo sucedido en Teuchitlán, Jalisco, donde ya el mismo gobierno de Jalisco ha salido a declarar que los restos óseos que se encuentran en el lugar, no corresponden a restos humanos, sino a animales.
Todos en Jalisco sabemos del poder que tiene el crimen organizado y su injerencia en determinadas zonas del Estado, donde controlan lo que ahí sucede. La zona de Los Altos de Jalisco es uno de los mejores ejemplos del control de la criminalidad sobre la ciudadanía, donde ni siquiera hay suficientes hombres ya por la forma en que son reclutados para trabajar en la guerra de los cárteles que se disputan la zona. El mejor ejemplo es Teocaltiche, Jalisco, donde los grupos de la delincuencia organizada deciden quién comercia y cómo comercia, e incluso vigilan mediante “halcones” a quienes visitan dicha población e intervienen si consideran que tal visita resulta sospechosa; esto sin mencionar los cientos de desaparecidos y víctimas de homicidios que reporta la región.
Ahora bien, Alejandro Gertz Manero declaró que existen restos humanos con huellas de cremación en el rancho de Teuchitlán, Jalisco. ¿Por qué entonces el gobernador del Estado salió a declarar que no existen restos humanos en el mismo? ¿Qué manejos políticos se dan, contradiciendo lo que dice la federación con lo que estipula el mismo Estado de Jalisco?
Alguien debería pensar en las víctimas y el estado de indefensión en el que quedan ante tales contradicciones, por lo cual a Jalisco, al día de hoy, se le tiene como el Estado que representa el número 1 en impunidad en todo el país.

Jalisco, el lugar más impune de México

Ahora que iniciaron las campañas para la elección de jueces, magistrados y ministros en el Poder Judicial federal, las mismas están resultando ser un circo. Candidatos que se promueven simulando ser chicharrones por ser supuestamente buenos, o candidatas que se hacen llamar como Dora la Exploradora o incluso, ministras en funciones que se hacen llamar “Ministras del Pueblo”, quienes movilizan a las masas de los sindicatos obreros como viles partidos políticos, no son otra cosa que el horror que se nos viene como país. 
Lo que va a pasar en México a raíz de esta elección judicial será lo siguiente:
1) Adiós a la independencia judicial. Los candidatos que más están movilizando gente y así será el día de la elección judicial, son los que tienen nexos con los partidos políticos, los cuales una vez que hayan sido electos, tendrán toda la influencia sobre los mismos, por lo que se acabará la imparcialidad de los jueces, magistrados y ministros.
2) La justicia ahora si, 100% politizada. Como para llegar a ocupar un puesto en el Poder Judicial Federal, los candidatos tuvieron que pedir a los partidos políticos que los apoyaran con la movilización de sus cuadros, les deberán el puesto a los mismos y así como llegaron, pueden ser sancionados o removidos por el Comité de Vigilancia, también conformado con la venia de los partidos y por ende, a nadie le importará lo que diga la ley, si no cómo lo vean e interpreten los partidos políticos y “el pueblo”.
3) Intervención del crimen organizado. En virtud de que no hubo financiamiento a favor de los candidatos por parte del Estado, quienes sí tienen muchos recursos para promover y conseguir la compra de votos a favor de quienes ellos decidan, son los miembros del crimen organizado.
4) Inseguridad jurídica y crisis económica. El hecho de que se implemente una reforma judicial plagada de vicios que generarán inseguridad jurídica en cuanto a las inversiones que capta el país del extranjero, tendrá como fruto que se dé paso a una fuerte inestabilidad económica, puesto que las personas que deberían de estar cuidando el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos, no serán las más capaces ni las más honestas, pero si las más populares. 
Sólo mentes perversas podrían haber buscado conseguir lo que está sucediendo en México en materia de seguridad y economía; el tiempo nos dará la razón como siempre lo hace, para demostrar que lo peor que podía sucederle al país, llegó de la mano del régimen actual de gobierno que entroniza los designios del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El desastre que se viene por la elección judicial

Desde hace años es del dominio público la existencia de los campos de adiestramiento y exterminio por parte del crimen organizado. Desde el 2019 diarios como El País, han manifestado que en Tala, Jalisco, ya existían campos de adiestramiento y exterminio donde mediante engaños se llevaban a los jóvenes con ofertas de trabajo muy superiores a la generalidad de las mismas, con la finalidad de entrenarlos para engrosar las filas del crimen organizado, tomando en cuenta que quienes no superaban las semanas de entrenamiento o no eran aptos (según los cánones de los grupos delictivos), para representar al grupo delincuencial, eran entonces asesinados e incinerados para que no aparecieran sus restos, mismos que luego pudieran constituir prueba de los homicidios llevados a cabo, por lo que los delincuentes preferían desaparecerlos.
Así también, en el 2022 también hubo reportes de que en Zacatecas el grupo delictivo de los Zetas tiene también campos de entrenamiento y exterminio donde hacen exactamente lo mismo que en Jalisco: reclutan jóvenes con engaños; quienes les sirven para engrosar las filas del crimen organizado se quedan, quienes no, son asesinados.
Recordando a Karla Quintana, quien fue Comisionada de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el sexenio de López Obrador y quien prefirió renunciar ante la exigencia de depurar el padrón de personas desaparecidas como el mismo expresidente le exigió, tenemos que ella denunció en el 2019 que había un campo de entrenamiento y exterminio en La Bartolina, en Tamaulipas, donde había cientos de kilos de huesos, mismos que debían de ser examinados porque correspondían a los miles de desaparecidos que existen en el país. Ya no alcanzó a culminar dicha acción puesto que tuvo que separarse del cargo ante las presiones de la 4T.
De igual manera, recordando los documentos filtrados de Guacamaya Leaks, la misma SEDENA reconoce la existencia en 2023 de al menos 25 campos de entrenamiento y exterminio de personas en el país, en estados como Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Tamaulipas. 
Ante toda esa información nos preguntamos: ¿Dónde han estado las autoridades todos estos años? ¿Por qué tienen que venir los colectivos de búsqueda a hacer el trabajo de las autoridades? ¿Por qué el discurso gira en que si era campo de extermino o no, o si es culpa de Jalisco o de la federación, como si no fuéramos un país con una organización federal que debe atender los temas de la delincuencia organizada desde un primer momento?

Teuchitlán presente en todo México

Desde el sexenio de Emilio González Márquez, en 2011, se recuerda la aparición del primer narcocampamento en Jalisco. En aquella ocasión se llevó a cabo la aprehensión de varios individuos que pertenecían al ya extinto grupo denominado “La Resistencia”, quienes tenían en su poder una serie de videos con equipo táctico donde en un lugar fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara, llevaban a cabo adiestramiento de jóvenes con la finalidad de que sirvieran para el grupo delictivo que comandaban; por dichos videos nadie fue procesado y nació aquí el adiestramiento criminal en el Estado con el fin de engrosar las filas del crimen organizado.
En 2017 hubo un segundo caso muy sonado en el Estado de Jalisco, cuando varios jóvenes lograron escapar de un narcocampamento que se encontraba situado en el municipio de Tala, Jalisco, donde fueron reclutados en contra de su voluntad por medio de las redes sociales; ellos buscaban empleo y engañados, decidieron acudir a la entrevista donde terminaron privados de su libertad, todo esto en el sexenio del hoy occiso Jorge Aristóteles Sandoval.
A partir de 2018, el gobierno de Enrique Alfaro trajo la peor crisis de desapariciones; en ese período el exgobernador se dedicó a negar una y otra vez la crisis de jóvenes que desaparecían engañados por la delincuencia organizada; una y otra vez negó que los mismos fueran llevados con engaños entre muchos otros puntos, a la Central Camionera Nueva, en Tlaquepaque, e incluso aseguró que las ausencias eran voluntarias en 8 de cada 10 casos. Al día de hoy, Jalisco enfrenta una de las peores crisis en desapariciones heredadas por los sexenios anteriores, rebasando los 17 mil desaparecidos, ante la inacción de las autoridades en al menos 14 años, como lo hemos relatado.
Hoy es momento de tomar acciones en contra de las desapariciones en el Estado y por medio del uso de la tecnología, evitar que sucedan. Y las que ya son parte de la estadística, deben ser atendidas en estricto apego a los derechos humanos de las víctimas. 
Hay que recordar que en 2023 y 2024 fueron reportados narcocampamentos en la zona de Los Altos de Jalisco, Región Valles, La Barca, Capilla de Guadalupe y Zapopan, cerca de los Camachos, además de Teuchitlán.

Narcocampamentos en Jalisco desde hace 14 años

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Este año 2024 se ha visto gravemente afectado por la tendencia en Fiscalía del Estado de Jalisco, de mandar a los detenidos después de estar las 48 horas que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante un juez, donde terminan siendo liberados por haber sido ilegalmente detenidos (retenidos) ante el Agente del Ministerio Público, sin que medie una justificación de dicha retención (detención), ya que cuando son puestos a disposición del Juez de Control en materia penal, ni siquiera se pide una prisión justificada en contra de los detenidos, lo cual contraviene el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, convirtiéndose tal situación en una puerta giratoria para los imputados, toda vez que más tardan las autoridades en detenerlos a estos alcanzar su libertad por los errores en el procedimiento por parte del Ministerio Público.
El argumento principal para que el Agente del Ministerio Público envíe ante un Juez a los detenidos ante sí y no les conceda la libertad dentro de las 48 horas de ley, para investigar y con posterioridad decidir si ejerce o no la acción penal, es 100% por política criminal. Dicha estrategia de la Fiscalía del Estado de Jalisco hace ver como si el Ministerio Público estuviera haciendo su trabajo al poner a disposición a los detenidos ante el Juez, pero en realidad violan el debido proceso y abren la puerta para que no se les vuelva a ver ante la autoridad judicial, dejando en estado de indefensión a víctimas y en general a la ciudadanía, como víctimas pasivas por la no atención al Estado de Derecho de parte de los agentes del Ministerio Público.
Lo anterior se convierte en mera política criminal que no abona en nada a favor del Estado de Derecho y favorece a los criminales con errores tan marcados.
En 2024 tenemos un promedio de 241 detenciones ilegales por mes, mientras que en 2017, cuando recién se implementaba el actual sistema de justicia penal, sólo se contaba con 53 detenciones ilegales en promedio, lo que deja claro que por andar estableciendo números alegres con la finalidad de hacer parecer que no hay impunidad, resulta en todo lo contrario, dejando las puertas abiertas a los imputados para recuperar su libertad ante la falta de respeto a la garantía de legalidad por parte de los agentes del Ministerio Público.

Detenciones ilegales en Jalisco, sinónimo de impunidad