Gustavo Parra Noriega

La digitalización ha irrumpido en todos los ámbitos de nuestra sociedad, y el sistema de justicia no es la excepción. La promesa de una &#8220;Justicia Digital&#8221; evoca agilidad, transparencia y un acceso más amplio. Sin embargo, es necesario preguntarnos: ¿Estamos construyendo un sistema que verdaderamente sirva a todos por igual, o corremos el riesgo de profundizar la brecha tecnológica y dejar atrás a los más vulnerables?
La transformación digital en la impartición de justicia es innegable y, en muchos aspectos, positiva. Expedientes electrónicos, notificaciones telemáticas y audiencias virtuales pueden optimizar procesos y reducir costos. No obstante, este avance tecnológico no puede cegarnos ante una realidad persistente: la desigualdad en el acceso y uso de las tecnologías. 
Sectores importantes de nuestra población –personas mayores, comunidades indígenas, ciudadanos de bajos ingresos o con discapacidad, y aquellos en zonas rurales con conectividad limitada– enfrentan barreras significativas. La falta de dispositivos adecuados, de conexión a internet estable o de las habilidades digitales necesarias para navegar plataformas judiciales complejas puede convertirlos en excluidos de un sistema que, paradójicamente, busca ser más accesible.
Si la presentación de una demanda, la consulta de un caso o la participación en una audiencia dependen exclusivamente de medios digitales sin ofrecer alternativas viables y asistencia, la justicia dejará de ser un derecho para convertirse en un privilegio. El temor a lo desconocido, la desconfianza en la tecnología o la simple imposibilidad material de acceso no pueden ser motivos para la denegación de justicia.
Para que la Justicia Digital sea verdaderamente inclusiva, es imperativo adoptar estrategias concretas, como garantizar el acceso universal, esto implica crear puntos de acceso público a la justicia digital (quioscos en comunidades, juzgados o bibliotecas) con personal capacitado para asistir a quienes lo necesiten. También, de diseños de plataformas y aplicaciones centradas en el usuario, es decir, deben ser intuitivas, accesibles (considerando diversas discapacidades) y, de ser posible, multilingües, reflejando la diversidad de nuestros ciudadanos. 
Por otro lado, ofrecer programas de alfabetización digital enfocados en el uso de herramientas judiciales, además, se debe asegurar asistencia técnica y legal para aquellos que enfrenten dificultades.
Para concluir, la Justicia Digital tiene el potencial de modernizar y eficientar nuestro sistema judicial, pero su legitimidad y efectividad descansarán en su capacidad de incluir a todos. No podemos permitir que la tecnología se convierta en un nuevo muro que separe a los ciudadanos de sus derechos. La inclusión no es una opción, sino un requisito indispensable para una justicia verdaderamente justa en la era digital, sin embargo, no se pueden eliminar por completo los canales tradicionales de acceso a la justicia hasta que la brecha digital se cierre significativamente. Debe existir flexibilidad.

Brecha digital: ¿Justicia para todos o nueva barrera?

La transformación digital del sistema judicial mexicano representa, sin duda, uno de los retos más complejos y urgentes de nuestro tiempo. La justicia digital no es solo una cuestión de modernización tecnológica, sino una verdadera reconfiguración de los derechos fundamentales y de la relación entre ciudadanía e instituciones.
La justicia digital, bien entendida, implica mucho más que trámites en línea: significa acercar la administración de justicia a la ciudadanía, reducir barreras geográficas y económicas, y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Para un país como México, donde millones enfrentan la exclusión por razones sociales y tecnológicas, digitalizar la justicia puede ser una herramienta democratizadora sin precedentes.
Sin embargo, el primer gran desafío es la brecha digital. Existen millones de mexicanos sin acceso estable a internet, especialmente en zonas rurales y marginadas. Si no garantizamos infraestructura y acceso universal, la justicia digital corre el riesgo de agravar las desigualdades existentes. Por ello, urge priorizar la conectividad y la capacitación digital, tanto de la ciudadanía como de los operadores judiciales.
Otro aspecto es la protección de datos personales. La digitalización de expedientes y la realización de audiencias virtuales exigen protocolos sólidos de ciberseguridad y respeto estricto a la privacidad. Un solo incidente de fuga de información puede minar la confianza en todo el sistema judicial y vulnerar derechos fundamentales. Cumplir con la Ley y establecer mecanismos de supervisión independientes debe ser innegociable. 
La interoperabilidad entre sistemas judiciales federales y estatales es otro reto que no podemos eludir. La fragmentación tecnológica genera ineficiencias, dificulta el acceso a la información y abre espacios para la opacidad. Es imprescindible avanzar hacia plataformas compatibles, con estándares nacionales que aseguren una experiencia homogénea y segura para todos.
La justicia digital también debe ser inclusiva. No basta con digitalizar procesos; debemos diseñar interfaces accesibles, contemplar a personas con discapacidad y ofrecer alternativas híbridas para quienes no pueden conectarse digitalmente. Además, la incorporación de inteligencia artificial debe ser siempre como apoyo, nunca como sustituto de la función jurisdiccional, y bajo estrictos controles éticos y legales.
Finalmente, la digitalización judicial puede ser un poderoso antídoto contra la corrupción. La trazabilidad de los procedimientos y la apertura de datos judiciales fortalecen la rendición de cuentas y empoderan a la ciudadanía. Pero este potencial sólo se concretará si la tecnología se implementa con visión estratégica, voluntad política y un enfoque centrado en los derechos humanos. 
En conclusión, la justicia digital es una herramienta imprescindible, pero solo será exitosa si coloca a las personas y sus derechos en el centro de la transformación.

Justicia digital en México: Una visión para el futuro

En un mundo que clama por transparencia y participación, la justicia abierta deja de ser una idea lejana para convertirse en una urgencia. No se trata solo de un concepto jurídico, sino de una demanda social palpable.
Cada vez más, las personas exigen entender cómo funcionan las instituciones que definen sus derechos, sus libertades y, en muchos casos, su futuro. La justicia no puede ser un laberinto reservado para unos pocos; debe ser un derecho claro y al alcance de todos.
Imaginarnos un sistema judicial donde cada individuo puede comprender cómo y por qué se toman decisiones que afectan sus vidas. Ese es el corazón de la justicia abierta: romper los muros que alejan a la gente de las instituciones.
Al hacerlo, no solo se fortalece la confianza pública, sino que se garantiza que todos tengan acceso a sus derechos fundamentales. En tiempos de creciente desconfianza hacia las instituciones, la justicia abierta ofrece una vía para reconstruir la legitimidad y la credibilidad del sistema judicial.
Claro, el camino no es fácil. Uno de los principales desafíos es la resistencia al cambio dentro de las instituciones judiciales, que pueden ver la transparencia como una amenaza a su independencia.
Además, existe una tensión entre la publicidad de los procesos judiciales y la protección de los datos personales. Sin embargo, estos desafíos no deben ser vistos como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para innovar y mejorar.
La tecnología ofrece una oportunidad sin precedentes para transformar la justicia. Herramientas digitales permitirían seguir audiencias o consultar fallos con un clic, haciendo que la justicia sea más transparente y accesible. Y si sumamos la voz de la sociedad civil, los jueces podrían contar con perspectivas más diversas, permitiendo una retroalimentación constructiva que mejore la calidad de las decisiones.
La justicia abierta también puede fomentar una cultura de diálogo y participación, donde la ciudadanía no solo sea espectadora, sino protagonista en la construcción de un sistema más justo y equitativo.
Esto implica adoptar un lenguaje claro y accesible en las sentencias, para que cualquier persona, independientemente de su formación jurídica, pueda entenderlas, que todos sientan que el sistema también les pertenece.
La justicia abierta no es solo una aspiración, sino una necesidad urgente para garantizar que el sistema judicial sea verdaderamente inclusivo y accesible. Al enfrentar los desafíos con creatividad y apertura, podemos transformar la justicia en un pilar de la democracia que refleje las necesidades y aspiraciones de la sociedad.
Es hora de dar el primer paso hacia un futuro donde la justicia sea un derecho real y accesible para todos, y no solo un ideal.

La justicia abierta: un camino hacia la confianza ciudadana

La reciente transición del sistema CompraNet hacia la nueva Plataforma Digital de Contrataciones Públicas abre una etapa clave en la gestión gubernamental, presentando tanto desafíos como oportunidades importantes para fortalecer la transparencia y la protección de datos personales en México. Durante casi tres décadas, CompraNet ha sido una herramienta central para impulsar la rendición de cuentas mediante la publicación abierta de contratos públicos, contribuyendo así al fortalecimiento de la confianza ciudadana. Sin embargo, es importante reconocer que, en los últimos años, el sistema presentó dificultades técnicas debido a la falta de actualización tecnológica, lo que afectó su funcionamiento adecuado.
En este contexto, la creación de una nueva plataforma digital representa una oportunidad valiosa para modernizar y robustecer los procesos de contratación pública, permitiendo superar las limitaciones técnicas previas. No obstante, esta transición conlleva desafíos significativos que deben ser abordados cuidadosamente para evitar retrocesos en materia de transparencia y acceso a la información pública.
Uno de los principales retos es garantizar la conservación y disponibilidad de la información histórica acumulada durante años en CompraNet, ya que estos datos son fundamentales para la rendición de cuentas y el análisis ciudadano. Por ello, es recomendable que la nueva plataforma contemple mecanismos claros que permitan mantener accesible esta información en el largo plazo.
Otro aspecto relevante es la protección de datos personales. La nueva plataforma deberá contar con altos estándares de ciberseguridad y protocolos específicos que aseguren la confidencialidad y privacidad de la información sensible de contratistas, proveedores y servidores públicos. Esto permitirá fortalecer la confianza ciudadana en la gestión digital gubernamental y prevenir posibles vulneraciones.
Asimismo, resulta conveniente mantener e incluso fortalecer figuras como los testigos sociales y promover la inclusión de todas las entidades públicas relevantes en la regulación de contrataciones, fomentando así procesos más abiertos y participativos que reduzcan riesgos de discrecionalidad. 
Finalmente, para asegurar una implementación exitosa, es esencial involucrar activamente a la sociedad civil, academia y sector privado en el diseño y evaluación permanente de la nueva plataforma, generando espacios de diálogo y retroalimentación continua. En suma, la transición hacia una nueva plataforma digital de contrataciones públicas representa una oportunidad para avanzar hacia una gestión gubernamental más transparente, segura y eficiente. Atender estos retos con acciones concretas permitirá consolidar la confianza ciudadana y fortalecer el derecho de acceso a la información pública y la protección efectiva de los datos personales.

La transición de CompraNet: retos y oportunidades para la transparencia y protección de datos personales

El nuevo sistema nacional que entró en vigor en estos días, marca un punto de inflexión en la política de transparencia en México. Con el argumento de simplificación administrativa y austeridad republicana, se propuso la desaparición del INAI y una reestructuración profunda de las instituciones encargadas de garantizar el derecho de acceso a la información. Si bien la propuesta busca optimizar recursos y fortalecer la rendición de cuentas, su contenido plantea retos sobre su impacto real en la consolidación de un gobierno abierto y transparente.
Uno de los retos es la concentración de funciones y de tutela de los derechos de acceso a la información y de protección de datos en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, un órgano dependiente del Ejecutivo Federal y por otro lado, la dispersión de las autoridades garantes, de acuerdo con los poderes públicos que se esté buscando información o por materia, lo cual dificultará para el ciudadano común ejercer su derecho.
La creación del órgano desconcentrado &#8220;Transparencia para el Pueblo&#8221; como instancia encargada de coordinar las políticas de acceso a la información y resolver recursos de inconformidad, contará con la fuerza administrativa y política para orientar las materias de transparencia y rendición de cuentas, pero tendrá el dilema de la autonomía necesaria para garantizar decisiones imparciales y no convertirse en juez y parte, lo que podría abrir la puerta a conflictos de interés o a la politización de las resoluciones.
A su vez, la adopción del nuevo Sistema Nacional de Transparencia representa un cambio importante para la coordinación de políticas, pero no visibiliza la privacidad, se le relega como un derecho subordinado al acceso y transparencia. 
Otro aspecto radica en los mecanismos de tutela y la ampliación de causales de reserva de información. Si bien la propuesta consolida principios sólidos como máxima publicidad, accesibilidad y gratuidad en el acceso a la información, su éxito dependerá de la capacidad operativa e independencia de los sujetos obligados.
En un país con profundas desigualdades institucionales entre regiones, será necesario que se otorguen recursos adicionales para fortalecer las capacidades técnicas y humanas de las entidades públicas locales y cuidar que no se ponga en riesgo el pacto federal si desde el Poder Ejecutivo federal se tiene la idea de instruir e incluso sancionar a autoridades locales.
Por último, la nueva estructura institucional envía un mensaje de compromiso con un gobierno transparente y que se necesita reforzar el combate a la corrupción, pero también deja la incertidumbre si este nuevo modelo debilita o no el ejercicio de los derechos de acceso a la información y privacidad. La tarea será incrementar la vigilancia ciudadana sobre el poder público, para no erosionar la rendición de cuentas y por tanto, la legitimidad del Estado.

Nuevo Sistema Nacional de Transparencia: avances y retos

En un mundo cada vez más digitalizado, México enfrenta el reto de actualizar su legislación de protección de datos personales. La globalización económica y el uso masivo de tecnologías disruptivas exigen un marco normativo robusto frente a los retos éticos, científicos y legales del presente.
Actualmente, el modelo mexicano está cambiando con la extinción de quien fungía como autoridad (INAI). Este diseño, aunque funcional en su origen, mostró limitaciones frente a la creciente complejidad de tutelar el mismo órgano, los dos derechos que son autónomos en origen, bien jurídico protegido y finalidad.
La Iniciativa enviada por la Presidenta Sheinbaum a la Cámara de Senadores plantea un modelo centralizado en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y, aunque se busca simplificar estructuras y reducir costos, también se advierten riesgos significativos como la pérdida de autonomía en la tutela de derechos humanos, la posible sobrecarga de una institución que tiene las tareas de buen gobierno de la función pública, y ahora deberá atender el acceso a la información y la protección de datos personales en sectores público y privado.
Aunado a ello, también se deja de lado la oportunidad de actualizar las leyes de datos personales en temas de fondo: no se logra unificar el marco jurídico de este derecho, que ya no sería necesario regularlo por sectores, tampoco se armonizan por ejemplo los derechos que derivan de la autodeterminación informativa, como lo es la portabilidad de datos o las figuras preventivas como evaluaciones de impacto para el sector privado, igual no se propone incluir otros aspectos de estándar internacional para enfrentar los retos actuales, como el principio de legitimación del tratamiento de datos.
También sería importante aprovechar, para atender las recomendaciones del Consejo Consultivo del Convenio 108, del cual México es parte integrante y que aspira a entrar al 108 Plus: quitar la excepción de la ley federal sobre las sociedades de información crediticias que no siguen el régimen general y que ya fue declarada inconstitucional, ya que no garantiza de forma similar a los particulares sus derechos ARCO en el sistema bancario y financiero.
Otro punto que no se plantea avanzar es en la aplicación extraterritorial de la jurisdicción mexicana, sobre las empresas trasnacionales y plataformas tecnológicas que oferten bienes y servicios y traten datos personales, estén establecidos o no en territorio nacional, es decir independientemente de que el tratamiento tenga lugar o no en México, cuestión que hoy limita a los mexicanos para tener una protección integral.
Será necesario insistir con los legisladores federales sobre la pertinencia de estos temas y de una autoridad especializada e independiente para la protección de datos o asociada a temas de frontera digital, que pueda responder de manera ágil y eficaz a los desafíos.

Protección de datos en México: ¿Centralización o especialización para enfrentar los retos digitales?

La creciente digitalización y el uso de tecnologías avanzadas han convertido a los datos biométricos en un recurso clave para la identificación y autenticación de personas, por lo que el tratamiento de esta información plantea desafíos éticos, legales y de seguridad que no deben ser subestimados. Los datos biométricos, por su capacidad para identificar de manera única a los individuos, por su carácter inmutable y porque su vulneración o revelación puede afectar gravemente a la esfera más íntima como persona, son considerados datos sensibles.
Esto implica que su manejo debe realizarse bajo los más estrictos estándares de protección, como lo establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).
La consideración de los datos biométricos como información sensible no es arbitraria. Su tratamiento indebido puede tener consecuencias devastadoras para la privacidad y seguridad de las personas. A diferencia de otros datos personales, los datos biométricos no pueden ser modificados fácilmente. Una vez comprometidos, su exposición puede derivar en suplantación de identidad, discriminación o incluso en violaciones a derechos fundamentales.
Por ejemplo, en el caso de la Federación Mexicana de Futbol y su sistema FAN ID, en colaboración con INCODE Technologies México, se ha puesto en el debate público riesgos y oportunidades para el cumplimiento del tratamiento debido a los datos biométricos. 
Dentro de las exigencias de la ley se incluye el consentimiento expreso, el tratamiento proporcional de datos y el uso de información para las finalidades autorizadas. Estas previsiones buscan que no se ponga en riesgo la confianza de los titulares en los sistemas que manejan sus datos personales.
Es por ello que el consentimiento expreso debe ser claro, informado y verificable, asegurando que los titulares entiendan cómo se utilizará su información y que otorguen su autorización de manera consciente, además, la delimitación de responsabilidades entre el responsable y el encargado del tratamiento de datos, establece controles claros y efectivos entre ambas figuras, para garantizar el uso adecuado de los datos.
La categorización de los datos biométricos como datos sensibles es esencial para imponer mayores exigencias a quienes los tratan, máxime cuando estamos en un entorno donde los datos biométricos están cada vez más presentes en sistemas de seguridad, identificación y acceso en muchos ámbitos. Esta clasificación obliga a los responsables a implementar medidas de seguridad reforzadas y garantizar el cumplimiento de los ocho principios y los deberes de confidencialidad y seguridad. 
Los responsables del manejo de datos biométricos deben asumir esta tarea con seriedad, garantizando un balance adecuado entre innovación tecnológica y respeto a los derechos fundamentales.

La protección de los datos biométricos: una responsabilidad sensible en la era digital

En el marco del Día Internacional de Protección de Datos Personales, reflexionar sobre los retos que enfrenta la autoridad garante en México resulta crucial. El desarrollo tecnológico y la adopción de herramientas de inteligencia artificial, como la recién aparición de “Deepseek”, una IA de origen chino, imponen desafíos y exigen acciones concretas y coordinadas.
La IA está transformando cómo las organizaciones recopilan, analizan y utilizan los datos personales; tecnologías como la china que mencionamos, amplían las capacidades para procesar y analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real; sin embargo, también representan un riesgo latente para la privacidad.
La regulación en México, ante tecnologías emergentes requiere una revisión crítica y, nos invita a plantearnos: ¿cuán alineadas están nuestras normativas con las nuevas realidades tecnológicas? ¿Qué tan preparadas están las autoridades garantes y más con la incertidumbre e indefinición legal derivada de la reforma constitucional, para fiscalizar estas prácticas en un contexto de innovación constante y globalidad?
Uno de los temas más apremiantes son los neurodatos, información que se genera a partir de la actividad cerebral. Este tipo de información extremadamente sensible, plantea interrogantes éticos y legales sobre su recopilación y uso, por lo cual, el pensamiento y su privacidad, deben ser protegidos con los más altos estándares y desarrollar nuevas normativas específicas para las neurotecnologías.
Por otro lado, el Big Data, columna vertebral de muchas apps de IA, también impone retos: la capacidad de analizar millones de datos para generar perfiles predictivos plantea diversos dilemas como la discriminación algorítmica, toma de decisiones automatizada y vigilancia masiva, riesgos que deben abordarse desde la transparencia y una perspectiva de derechos humanos. En este sentido, la autoridad tiene que desarrollar capacidades que permitan auditar algoritmos y garantizar la confianza en su funcionamiento.
Además, la competencia por el liderazgo de la industria de IA, puede derivar en la implementación de sistemas sin evaluación adecuada del impacto a la privacidad. Los casos actuales muestran cómo la competencia es feroz y tiene impactos de todo tipo en lo económico y político, pero sobre debe darse certeza y fortaleza a la autoridad de datos y contar con mecanismos de colaboración con otros entes.
En este escenario, la capacitación y profesionalización son fundamentales, comprender el funcionamiento técnico de la IA, sus implicaciones legales y éticas, serán un reto para regular eficazmente este ecosistema. Asimismo, se requiere un marco normativo flexible y autoridades fuertes, capaces de actuar de manera proactiva y adaptativa.
Finalmente, es esencial fomentar una cultura de privacidad y buenas prácticas en todos los sectores, para mitigar riesgos y fortalecer la confianza ciudadana.

Retos en la protección de datos en México ante nuevas tecnologías

Mi pecho no es bodega

Eduardo González Velázquez

El laberinto migratorio de Trump

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Esta reforma ha generado en todo el país un debate intenso y polarización. Representa un cambio profundo en el sistema de justicia. Si bien los riesgos que conlleva son innegables, es crucial que la sociedad bajo este contexto, participe activamente en el proceso no solo para expresar su postura, sino para legitimar los resultados y mitigar las implicaciones que esta reforma podría tener. 
La elección popular de autoridades judiciales, un eje central de la reforma, plantea serias preocupaciones. En teoría, podría interpretarse como constitucionalismo popular para el acceso al Poder Judicial federal y local, acercándolo a la ciudadanía, sin embargo, en la práctica, también se corre el riesgo de politizar y debilitar el sistema judicial.
La experiencia internacional, como en Estados Unidos, ha demostrado que someter a votación popular la selección de jueces puede priorizar intereses electorales sobre la imparcialidad y la justicia. Los jueces podrían verse presionados a tomar decisiones basadas en la opinión pública o en agendas ideológicas, en lugar de la ley y el respeto a los derechos humanos.
Ante un panorama tan complejo, surge una pregunta clave: ¿Por qué participar en un proceso que parece estar diseñado para otros propósitos? La respuesta principal radica en lo fundamental de la participación informada de la ciudadanía, para contrarrestar los posibles efectos negativos de la reforma.
Participar en el proceso no significa aceptar simplemente la reforma, sino valorar sus aspectos positivos y de riesgo, e implica ejercer con todo vigor las libertades ciudadanas para garantizar la independencia judicial y el respeto a los derechos humanos. 
Todos tenemos un papel crucial que desempeñar en este sentido. A través de la participación activa, es posible exigir transparencia en la selección de candidatos, promover perfiles independientes y éticos, además de vigilar y observar que el proceso no sea afectado por intereses políticos.
Un ejemplo claro de la importancia de la participación ciudadana es la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, una pieza clave de la reforma. Este órgano, encargado de investigar, sancionar a los jueces y evaluar su desempeño, tiene el potencial de convertirse en una herramienta eficaz, y más si se aplican nuevas tecnologías para garantizar la rendición de cuentas en el Poder Judicial; por lo que su integración y funcionamiento deben no moverse por intereses políticos ni convertirse en un mecanismo de control o represión.
La vigilancia ciudadana será esencial para asegurar que este Tribunal y todo el aparato judicial cumplan con su propósito ético y legal. Esto incluye exigir que los magistrados y jueces que lo integren sean electos por su experiencia y compromiso con un sistema de justicia, que verdaderamente sirva al pueblo, le dé a cada quien lo que le corresponda y ayude a evitar la corrupción e impunidad.

La reforma judicial: Riesgos latentes y la necesidad de participación