Brecha digital: ¿Justicia para todos o nueva barrera?

La digitalización ha irrumpido en todos los ámbitos de nuestra sociedad, y el sistema de justicia no es la excepción. La promesa de una “Justicia Digital” evoca agilidad, transparencia y un acceso más amplio. Sin embargo, es necesario preguntarnos: ¿Estamos construyendo un sistema que verdaderamente sirva a todos por igual, o corremos el riesgo de profundizar la brecha tecnológica y dejar atrás a los más vulnerables?

La transformación digital en la impartición de justicia es innegable y, en muchos aspectos, positiva. Expedientes electrónicos, notificaciones telemáticas y audiencias virtuales pueden optimizar procesos y reducir costos. No obstante, este avance tecnológico no puede cegarnos ante una realidad persistente: la desigualdad en el acceso y uso de las tecnologías.
Sectores importantes de nuestra población –personas mayores, comunidades indígenas, ciudadanos de bajos ingresos o con discapacidad, y aquellos en zonas rurales con conectividad limitada– enfrentan barreras significativas. La falta de dispositivos adecuados, de conexión a internet estable o de las habilidades digitales necesarias para navegar plataformas judiciales complejas puede convertirlos en excluidos de un sistema que, paradójicamente, busca ser más accesible.

Si la presentación de una demanda, la consulta de un caso o la participación en una audiencia dependen exclusivamente de medios digitales sin ofrecer alternativas viables y asistencia, la justicia dejará de ser un derecho para convertirse en un privilegio. El temor a lo desconocido, la desconfianza en la tecnología o la simple imposibilidad material de acceso no pueden ser motivos para la denegación de justicia.

Para que la Justicia Digital sea verdaderamente inclusiva, es imperativo adoptar estrategias concretas, como garantizar el acceso universal, esto implica crear puntos de acceso público a la justicia digital (quioscos en comunidades, juzgados o bibliotecas) con personal capacitado para asistir a quienes lo necesiten. También, de diseños de plataformas y aplicaciones centradas en el usuario, es decir, deben ser intuitivas, accesibles (considerando diversas discapacidades) y, de ser posible, multilingües, reflejando la diversidad de nuestros ciudadanos.
Por otro lado, ofrecer programas de alfabetización digital enfocados en el uso de herramientas judiciales, además, se debe asegurar asistencia técnica y legal para aquellos que enfrenten dificultades.

Para concluir, la Justicia Digital tiene el potencial de modernizar y eficientar nuestro sistema judicial, pero su legitimidad y efectividad descansarán en su capacidad de incluir a todos. No podemos permitir que la tecnología se convierta en un nuevo muro que separe a los ciudadanos de sus derechos. La inclusión no es una opción, sino un requisito indispensable para una justicia verdaderamente justa en la era digital, sin embargo, no se pueden eliminar por completo los canales tradicionales de acceso a la justicia hasta que la brecha digital se cierre significativamente. Debe existir flexibilidad.