Mejorar la seguridad pública en Jalisco

El discurso que se maneja en el Estado de Jalisco habla de una reducción en la comisión de delitos, sin embargo, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen otra cosa:

• 2023: mil 443 homicidios dolosos, con una tasa de 17.5 por cada 100 mil habitantes.
• 2024: mil 446 homicidios dolosos, con una tasa de 16.92 por cada 100 mil habitantes.
• 2025: (enero-marzo): 265 homicidios dolosos cometidos en lo que va del año.

Sin embargo, estas cifras no reflejan del todo la realidad en las calles. La opacidad de la Fiscalía del Estado de Jalisco ha sido señalada por organizaciones y medios, especialmente en la clasificación de delitos como los feminicidios y la desaparición forzada. Desde 2023, no se han publicado cifras claras sobre estos delitos, y en años posteriores (2024 y 2025), la información ha sido prácticamente inexistente por la desatención de las normas que obligan a transparentarla.

Otro dato alarmante es el crecimiento continuo en las desapariciones. Según el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID):
• 2023: 14 mil 459 personas desaparecidas en Jalisco sin especificar por mes.
• 2024: 15 mil 216 personas desaparecidas en Jalisco sin especificar por mes.
• 2025: 15 mil 534 personas desaparecidas en Jalisco sin especificar por mes.

Mientras tanto, otros estados como Yucatán y Coahuila han logrado posicionarse como modelos nacionales en materia de seguridad pública, gracias a estrategias sólidas y resultados verificables por las mismas organizaciones de la sociedad civil.

Yucatán cuenta con seguridad integral y una cultura de paz; su tasa de homicidios dolosos en 2024 fue de solo 0.90 por cada 100 mil habitantes; presenta un sistema judicial eficiente, una baja presencia del crimen organizado y una alta inversión en cultura de paz, con percepción positiva entre la ciudadanía. Su presupuesto en materia de seguridad fue de aproximadamente cuatro mil 172 millones de pesos, lo que equivale a más de mil 813 pesos por cada mil habitantes, mientras que Coahuila ha implementado tecnología y estrategias efectivas, siendo Torreón considerada la quinta ciudad más segura de México según el INEGI (2025), con una disminución sostenida en robos y homicidios, así como programas constantes de capacitación policial.
Aunque no se cuenta con una cifra desglosada por municipio, Coahuila ha destinado un presupuesto significativo a seguridad pública, parte del cual ha sido asignado directamente a Torreón.

Jalisco, por su parte, asignó en 2025 un presupuesto aproximado de siete mil 500 millones de pesos a seguridad pública. No obstante, al dividir esta cifra entre su población total estimada de 8.3 millones de habitantes, se obtiene un gasto de aproximadamente 904 pesos por cada mil habitantes, notablemente menor que el de Yucatán, el cual recordemos es más del doble en inversión para seguridad.

Ahora bien, Yucatán y Coahuila han podido invertir sus recursos para construir estrategias coherentes y sostenidas en materia de seguridad. Han alcanzado altos niveles de credibilidad en comparación con Jalisco, el cual enfrenta grandes retos persistentes. La entidad muestra una alta incidencia de homicidios, feminicidios, desapariciones forzadas y una presencia activa del crimen organizado, lo que compromete tanto la percepción como la realidad de la seguridad.

Los datos no mienten, pero sí pueden ser maquillados. Jalisco arrastra una crisis de violencia estructural y de transparencia institucional. En contraste, estados como Yucatán y Coahuila han demostrado que, con voluntad política, inversión inteligente y estrategias enfocadas en la prevención, es posible construir entornos seguros, siempre de la mano de la sociedad civil.

La diferencia entre ellos no radica sólo en el número de homicidios o desaparecidos, sino en la existencia —o ausencia— de una política pública real, eficiente y comprometida con sus ciudadanos. Jalisco no solo enfrenta cifras, sino una deuda histórica con las víctimas.