El 13 de noviembre pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México anunciaron la renovación de la Línea de Crédito Flexible (CFL) con el Fondo Monetario Internacional por dos años más, por un total de 24 mil millones de dólares. Esta es la undécima ocasión que nos otorgan esta línea de crédito, misma que se diseñó en 2009 como un programa de ayuda para aquellos países que cuentan con sólidos fundamentos macroeconómicos: baja inflación, estabilidad fiscal, políticas prudentes y con trayectoria de deuda pública sostenible.
La idea principal del crédito flexible es ser un instrumento precautorio, para acceder a los recursos del FMI de forma rápida y sin estar condicionados al cumplimiento de objetivos de política económica, como los programas tradicionales de ayuda financiera.
Esta línea de crédito garantiza el acceso a recursos financieros en caso de necesidad por problemas de inestabilidad financiera internacional o contagios de crisis en otros países. Actualmente solo cinco países cuentan con esta Línea de Crédito Flexible: México, Polonia, Chile, Colombia y Perú.
La LCF es un mecanismo de libre disposición (como las tarjetas de crédito) para utilizarse en el momento en que se requiera. Genera certidumbre y seguridad para los inversionistas internacionales y los acreedores de deuda pública externa y forma parte del blindaje financiero del gobierno contra la volatilidad del precio del dólar (tipo de cambio).
Por otro lado, las reservas internacionales son un mecanismo preventivo del Banco de México para estabilizar el mercado de cambios (el precio del dólar) en caso de fuerte volatilidad y pérdida de confianza en el peso mexicano. Actualmente las reservas internacionales son de 248 mil 855 millones de dólares.
La LCF se renovó por 24 mil millones de dólares, y su nivel máximo fue de 88 mil millones de dólares en el 2017. De esa fecha a la actualidad, se ha ido reduciendo paulatinamente, ya que tiene un costo de comisión anual que es de 15 puntos base (0.15%) independientemente de que el país utilice dichos recursos, es decir, el gobierno de México paga una comisión precautoria por mantener la línea abierta. Si el país utiliza los fondos, se cobra un interés adicional sobre el monto utilizado de alrededor de 50 puntos base (0.50%).
Así, desde el 2018, el gobierno de México ha venido reduciendo persistentemente está línea de crédito flexible en función del programa de austeridad republicana que busca priorizar el uso de los recursos públicos para satisfacer necesidades sociales, además de otros rubros del gasto corriente del gobierno federal. Esta política está formalizada en la Ley Federal de Austeridad Republicana de 2019.
Lo que me preocupa es que el Fondo Monetario Internacional, el Foro Económico Mundial, e importantes analistas financieros, han señalado tres posibles burbujas financieras a nivel internacional que pudieran estallar en el corto plazo, generando una fuerte volatilidad en el precio del dólar y en los mercados financieros. Las burbujas se están concentrando en los precios de las acciones de las empresas de inteligencia artificial (IA), los precios de las criptomonedas y la deuda pública global. Esta última se encuentra en niveles históricamente altos, no vistos desde 1945 (Segunda Guerra Mundial).
El otro problema se relaciona con un elevado apalancamiento, con una fuerte correlación entre el precio de activos relacionados con los centros de datos y los fondos de cobertura, que alcanzaron niveles históricos de deuda y riesgo, lo que podría generar impagos.
Hoy la comunidad financiera internacional está muy atenta a estos riesgos, que de concretarse generarían una fuerte crisis financiera, como la que se presentó en 2001 con la burbuja puntocom, y en 2008 con las hipotecas subprime, sin embargo, México ha reducido su escudo de protección.