Laura Haro Ramirez

Si la política enfrenta un desgaste tan prominente y una crisis de credibilidad entre la ciudadanía, es en gran medida por la falta de valores como la determinación, la palabra y la congruencia de quienes suelen tomar el camino más cómodo, del acomodo facilongo, la crítica a medias y el acuerdo en lo “oscurito”. Son actores que dicen ser pero no son, mientras bailan el vals de “ni contigo, ni sin ti”. Esto es Movimiento Ciudadano, el esquirol de Morena.
El partido naranja ha puesto como base fundamental de su estrategia la ambigüedad, la simulación y la cooperación con Morena. Durante años se han presentado como un partido opositor, sin embargo, los hechos muestran otra realidad: Movimiento Ciudadano se ha dedicado a aplanar el camino para que el oficialismo avance de manera destructiva en el país. A continuación algunos ejemplos.
El caso más reciente —y quizá más grave— fue la votación en el Senado para nombrar a Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de la República. Lejos de oponerse a la imposición de un perfil cercano y leal al gobierno, MC aportó sus votos para consolidar los próximos nueve años de persecución política, carpetazo a las investigaciones por corrupción, vínculos ilegales y desfalcos en contra de morenistas como Adán Augusto, los hijos de López Obrador y gobernantes de la 4T. La votación exigía contrapesos, pero los naranjas decidieron acomodarse del lado del poder.
En julio de 2025, cuando se aprobó la polémica reforma de telecomunicaciones, que atenta contra la libertad de expresión y la privacidad personal, Movimiento Ciudadano volvió a alinearse con Morena y como un partido satélite más, votó a favor: MC respaldó la reforma sin titubeos, contribuyendo a cimentar el proyecto autoritarista de la 4T. Más del 90% de las votaciones han sido acompañadas por parte del partido naranja a favor del oficialísimo.
En septiembre de 2024, cuando se discutía en el Senado de la república la Reforma Judicial, el senador emecista Daniel Barreda, al más puro estilo del escapista Harry Houdini, se ausentó de la sesión, facilitando que Morena y sus aliados alcanzaran la mayoría calificada, ocasionando que hoy México tenga la Corte más ineficiente de su historia.
En Jalisco, Movimiento Ciudadano y Morena se asociaron para aprobar el aumento a las tarifas del Siapa, en un servicio que entrega agua sucia, que deja a colonias enteras sin gota de líquido durante días, y que es responsable de los incontables socavones de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Además de desaparecer la transparencia.
Estos episodios exhiben un patrón sistemático: MC como bisagra del oficialismo, pese a que en cada periodo electoral se presentan como el voto útil para frenar a Morena. En tiempos que el país exige definiciones, fingir ser oposición, ha sido la apuesta del partido naranja. La realidad es que ha habido un solo partido capaz de resistir, al que no se le puede reprochar un solo voto a favor de las peligrosas reformas de Morena; y que pese a los ataques no se ha doblado: ese partido es el PRI.

Laura Haro

El esquirol de Morena

Mañana, 25 de noviembre, las mexicanas volveremos a recordarle al país una verdad incómoda: Aquí ser mujer significa vivir en alerta, vivir con miedo, vivir bajo amenaza. La fecha no es para nada una celebración, es más bien una fecha de denuncia, una fecha que exige reconocer las violencias que persisten tanto en lo público como en lo privado, lo institucional y en lo cotidiano, porque en Jalisco, como en el resto de la república, las violencias contra las mujeres no son excepción, sino estructura.
Cuando por primera vez en su historia México tuvo una mujer Presidenta, nos dijeron que llegamos todas, pero aquí y en China, si la realidad no se transforma con acciones profundas, los simbolismos no alcanzan. La llegada histórica de la primera mandataria poco ha frenado el hecho de que en el país 11 mujeres son asesinadas cada día; tampoco ha logrado un cambio sustancial para atajar la desigualdad salarial o la trata, mucho menos ha desmantelado el pacto patriarcal que daña sistemáticamente el desarrollo pleno de las mujeres.
El primer año de gobierno de la Presidenta ha dejado claro que los discursos que no van acompañados de memoria histórica y valentía política, no rompen los techos de cristal, ni terminan con las causas que nos mantienen ancladas, como la pobreza, el miedo, la desigualdad o los estereotipos de género. En este primer año es notable el abandono institucional a la política de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres, que era la herramienta mejor articulada para centrar la atención de los gobiernos en esta problemática.
En materia presupuestaria, 2026 era la oportunidad de demostrar un golpe de timón y un verdadero compromiso con las mexicanas, sin embargo la Secretaría de las Mujeres contará con una bolsa 1.2% menor en términos reales respecto a 2025, y aunque crearon el Anexo Transversal 31 “Consolidación de una Sociedad  de Cuidados” con 466 mil 674 millones de pesos, en realidad es una reagrupación contable de programas ya existentes como la Beca de Educación Básica Rita Cetina, los Servicios de Atención a la Salud del IMSS y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
Un ejemplo adicional: el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades federativas, dedicado a la construcción de una sociedad igualitaria mediante acciones de prevención y atención en materia de violencia contra las mujeres, así como de empoderamiento en cada uno de los estados de la república, contará apenas con 334 millones de pesos; es el reflejo más pulcro de un presupuesto federal sin perspectiva de género.
Si no hay recursos, difícilmente habrá políticas públicas eficientes, refugios dignos, ni procuración de justicia, y así se repetirá el loop de la violencia. Por eso, el 25N no debe ser una fecha que pase desapercibida, debe incomodar a toda la clase política, especialmente a quienes deciden el rumbo de nuestra sociedad. Este 25 de noviembre nos toca a todas volver a nombrar lo que duele, porque el silencio ha sido el mejor cómplice de estos gobiernos, pero la memoria de las que estamos aquí debe hablar incluso, porque las que ya no están con nosotras.

25N: la deuda sigue, aunque tengamos Presidenta

La marcha convocada por el movimiento de la Generación Z del pasado 15 de noviembre, dejó algunas claves respecto al ánimo social que hoy recorre al país, pero también evidenció un fenómeno más profundo: el pánico que Morena le tiene a cualquier movilización, protesta o narrativa que no pueda controlar. Lo que vimos no sólo es miedo a los jóvenes, es miedo a perder el monopolio del poder; miedo a descubrir que, fuera de sus granjas digitales, la conversación pública se está moviendo en contra de ellos.
La respuesta oficial, de lo más predecible: descalificaciones, teorías conspirativas y la vieja insinuación de que todo fue “orquestado” por la oposición. El fenómeno es curioso: cuando la espontaneidad ciudadana es en contra de Morena no existe, cuando es a su favor, es tan real como que el agua moja. Esta idea tan contradictoria de que lo que ocurre en las redes es obra de los bots, desnuda de cuerpo completo su propia estrategia golpista, aunque lo cierto es que la realidad social ya no se puede ocultar ni con todas las mañaneras que le restan al sexenio.
El exhibicionismo desde el pódium de Palacio Nacional en contra de jóvenes que hablan con libertad en las redes sociales –con todos los peligros que amenazan en México–, no fue más que una llamada al linchamiento social de una generación que despierta y expresa su dolor. La indicación al interior del Gobierno es clara: garrote al disidente; pero en Morena no contaron con que esta generación es la más informada, la menos manipulable y la más crítica; no por nada el terror del oficialismo era notable.
Para Morena, el debate postmarcha debe centrarse en la baja participación de jóvenes frente a la asistencia de adultos, y no en que al final del día todos somos ciudadanas y ciudadanos mexicanos protestando contra un régimen que no brinda oportunidades y peor aún, completamente infiltrado por la criminalidad. La ironía de los términos del debate morenista recae en que el llamado a la pacificación nacional no puede despreciarse por incluir una mezcla intergeneracional.
La otra cara de la moneda, la represión y uso excesivo de la fuerza del Estado en el Zócalo de la Ciudad de México. Una reacción exacerbada para una marcha de bots, demuestra que cuando un régimen se endurece y teme a las juventudes, no es porque los considere criminales, sino que le representan un peligro inminente al representar todo aquello que no pueden controlar.
En septiembre del 2025 en Nepal, jóvenes organizados en la plataforma Discord, TikTok y aplicaciones de mensajería, se levantaron en una movilización que orilló al Primer Ministro KP Sharma Oli a dimitir. En México, la marcha del 15 de noviembre no tuvo un efecto de esta magnitud, pero dejó un mensaje poderoso: la ciudadanía —especialmente las juventudes— está harta. Y si Morena le teme a eso, no se equivocan. Es cuestión de tiempo.

Miedo a los bots

La semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados el presupuesto federal para 2026. Las diputadas y diputados morenistas lo presumen como un ejercicio de “redistribución justa” de los recursos de la nación, fuera de los cuarteles guinda, este presupuesto se interpreta como una serie de decisiones y acuerdos basados más en la política de colores partidistas, que en conocimientos técnicos.
Para este 2026, el país contará con un gasto neto superior a los 10.2 billones de pesos, marcados por recortes al Poder Judicial, al Tribunal Electoral, al Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por 17 mil 788 millones de pesos, a la par de una asignación insuficiente para atender el delicado asunto de la inseguridad, la salud y la educación.
Para la Secretaría de Energía, Morena aprobó un generoso aumento del 86.8% respecto al 2025, y para Pemex, que se ha convertido en una coladera de recursos públicos, una bolsa multimillonaria de más de 517 mil millones de pesos. Además, los legisladores de Morena y sus partidos aliados Partido del Trabajo y Partido Verde, se aprobaron un descarado aumento para su dieta, seguros de vida y aguinaldos, ignorando por completo las llamadas a misa de la entelarañada austeridad republicana.
Frente al derroche de Morena para los suyos, queda la realidad de las entidades federativas… mejor dicho: de algunas entidades federativas, como es el caso de Jalisco, que en 2026 recibirá un peso de presupuesto federal, por cada 38.50 que se le otorgarán a Tabasco para proyectos de inversión. De ese tamaño es el desprecio de la 4T para nuestro Estado.
Si bien en Jalisco se registra un aumento en las participaciones federales (Ramo 28) de más de 5% para 2026, la segunda parte del presupuesto, la que realmente ordena inversiones relevantes (Ramo 33, convenios de descentralización), presenta una caída de casi 49 por ciento, lo que significa menos presupuesto para educación, infraestructura social, salud y bienestar.
Y aquí emerge la pregunta inevitable: ¿Por qué a Jalisco le va mal con Morena? Porque la lógica presupuestal demuestra que el gobierno federal distribuye recursos de forma selectiva y condicionada más a colores partidistas, prioridades electorales y obras “prioritarias”. Es una realidad incómoda que a una de las economías más dinámicas del país, le devuelvan 2 de cada 10 pesos aportados a las arcas nacionales.
El caso de la Universidad de Guadalajara es otra muestra de ese desprecio a las y los jaliscienses y de cómo Morena ha decidido empeñar el futuro de Jalisco. Luego de que la Presidenta de la Comisión de Presupuesto –que dice ser jalisciense– asegurara que se corregiría el error presupuestal para la UdeG, se le otorgó una reasignación miserable de 1.69% completamente por debajo de la inflación, y hablamos de la segunda universidad pública más importante del país.
Días antes de la discusión del presupuesto, las y los priistas de Jalisco acudimos a la Cámara de Diputados, a solicitarles una reasignación de 20 mil millones de pesos para nuestro Estado, que debían ser destinados a obras de infraestructura carretera, hidráulica, seguridad y otros rubros prioritarios. Sin duda, lo que aprobaron la semana pasada, deja ver el poco amor que Morena profesa por nuestra tierra.

Con Morena Jalisco no sale adelante

La noche del sábado, en la plaza central de Uruapan, Michoacán, durante la celebración del Día de Muertos, el alcalde Carlos Manzo fue asesinado a plena vista del público. Dos de los atacantes fueron detenidos y uno abatido en el lugar. La noticia no solo estremeció al país, sino que sacudió las redes sociales: habían silenciado a uno de los pocos políticos que se atrevieron a nombrar y denunciar sin rodeos, la realidad que padecemos en México.

Manzo sabía que estaba en riesgo. Desde su arribo al cargo en septiembre de 2024, lo había advertido; exigió apoyo al gobierno federal y estatal, y aunque el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que sí contaba con protección, terminó cayendo a causa de siete disparos. Su muerte no es un hecho trágico más, de esos que abundan en México, sino un claro síntoma del fracaso del Estado en la pacificación del país.

Entre líneas, una verdad incómoda: ser bueno y franco en este país sale muy caro. Manzo decidió no callar ni ensuciar su nombre; esa decisión, aunque moralmente impecable, ha dejado a su familia sin un esposo, sin un padre y sin un hermano, mientras tanto, el discurso oficialista sigue siendo el mismo, y la estrategia de seguridad no se mueve ni un milímetro.
&nbsp;
Cuando el Estado no protege y decide no actuar, permite que la muerte se vuelva instrumento de control político; para eso, el filósofo camerunés Archille Mbembe acuñó el término necropolítica, que no es más que ese control de quién puede vivir y también quién debe morir. En México, desde hace 7 años, bajo gobierno de Morena, cada quien se cuida por su propia cuenta.

¿Si el gobernante no protege al gobernado, qué pacto social prevalece? Ninguno, en realidad. Si Morena no asume su responsabilidad, si su gobierno es incapaz de garantizar la integridad nacional, su continuidad se vuelve insostenible. Las condenas enérgicas, el lamento de los hechos y las promesas de solidaridad no reparan nada porque el daño está hecho. La pregunta es, ¿quién va a caer? Porque un gobierno serio, en cualquier parte del mundo, buscaría llegar a las últimas consecuencias.

Lo cierto es que en México, el problema de la inseguridad se ha agravado más, desde que se convirtió en una guerra entre el Estado y su propia inacción. En este caso, como en muchos otros, no llegaron las revisiones de riesgos, el blindaje institucional, los recursos, ni la coordinación, lo único que llegó fue la negligencia de un gobierno que cada vez normaliza más la muerte.

Entre tanto, hay un reducto para reencontrarnos con la paz y la tranquilidad de habitar nuestros territorios, me refiero al de hacer comunidad y construir desde ya una alternativa a la indolencia de Morena; podemos hacerlo, porque ya lo hicimos antes.

El precio de ser bueno: la muerte de un alcalde y la falla del Estado

¿Qué pasaría si el Lago de Chapala se secara? ¿Sería posible un escenario de esta magnitud? En primer lugar, Guadalajara se secaría junto con el lago, pues de ahí proviene el 60% del líquido que llega a nuestros hogares en la Zona Metropolitana; los cultivos de las áreas rurales a la redonda se verían severamente afectados y el clima se volvería más caliente de lo habitual. Estos serían solamente los impactos más visibles y directos, pero la catástrofe sería incalculable, pues se trata del lago más grande de México y el tercero de América Latina.
En dimensiones, Chapala tiene una superficie de 114 mil 659 hectáreas y una capacidad de 7 mil 897 millones de metros cúbicos de agua, sin embargo el valor de nuestro lago no se debe medir sólo en kilómetros o cifras, también se mide en vida; no por nada es el corazón hídrico de Jalisco y, en la actualidad, enfrenta una enorme amenaza a causa del Plan Nacional Hídrico del gobierno de Morena con la construcción del acueducto Presa Solís–León.
Dicha obra pretende extraer 120 millones de metros cúbicos de agua al año de la cuenca Lerma–Chapala, esto es igual a 3 mil 800 litros por segundo que dejarían de alimentar al lago para abastecer a las ciudades y corredores industriales de León, Celaya, Salamanca, Irapuato y Silao, en Guanajuato. La magnitud de esa extracción ha encendido todas las alertas en Jalisco, Estado que desde hace años enfrenta condiciones de sequía adversas. 
La historia nos refleja lo que podría pasar con determinadas decisiones. En 1947, se construyó la Presa Solís en Guanajuato, apenas ocho años después, en 1955, el volumen de Chapala se redujo a menos del 10% de su capacidad; el lago estuvo a punto de desaparecer. Al paso de las décadas, Chapala ha atravesado temporadas de recuperación y otras tantas de reducción. Al día de hoy, gracias al temporal de lluvias del 2025, se encuentra entre el 75 y 77% de su capacidad, pero sería iluso e irresponsable pensar que el buen momento será eterno sin una gestión adecuada. Basta una mala decisión política para acabar con todo.
La Organización Chapala un Lago Vivo advierte que si el lago se secara por completo y tuviéramos que llenarlo desde cero, necesitaríamos más de seis años –día y noche–vaciando el equivalente a una alberca olímpica cada minuto— para devolverle su volumen. Recordemos que el acueducto Solís le quitaría al lago 3 mil 800 litros por segundo. De este tamaño es el problema. 
En el año 2014, durante el último gobierno priista, se decretó la protección del lago para que no se explotara más allá de su capacidad natural, pese a este decreto, hoy nuestro patrimonio hídrico más importante se ve amenazado por Morena, por eso el PRI esta semana retomará con fuerza esta defensa, porque proteger a Chapala es un acto de supervivencia para Jalisco. No hay ninguna otra opción.

Chapala nos da vida, el PRI lo defiende

Diputados de Morena aprobaron recientemente una reforma al Código Fiscal de la Federación, que faculta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para vigilar en tiempo real las operaciones en plataformas de servicios digitales de ventas en línea, “streaming”, citas, viajes y venta de alimentos, entre otras. Ahora, estas Apps deberán abrir sus sistemas informativos para que el SAT verifique de manera permanente el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los usuarios.
La intención oficial de reducir la evasión fiscal, actualizar los esquemas de recaudación y en teoría, asegurar que todos los participantes del mercado digital aporten lo que les corresponde, podría ser legítima en alguna dimensión, sin embargo, la forma es fondo y los modos importan tanto como el fin, y aquí el dispositivo propuesto por la 4T proyecta enormes riesgos. Hablamos de una llave maestra para autoridad más parecido a un modelo de vigilancia masiva, que a una mejora administrativa o tributaria.
El proyecto afirma que el acceso al SAT se limita “a la información que permita comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales”, pero no define con suficiencia los límites, ni establece auditorías independientes, ni mecanismos transparentes de supervisión. La propia industria ya alertó que se amplía el radio de acción de la autoridad hacia los usuarios finales.
Esta falta de contención se antoja delicada porque la línea de distinción entre datos operativos –facturación, transacciones– y datos personales –consumo, suscripciones, patrones– es muy delgada dentro del mundo digital. Al abrir paso a la información de las plataformas privadas a la autoridad fiscal, están creando un puente continuo de exposición, y especialistas en ciberseguridad saben que un canal permanente equivale a una vulnerabilidad permanente (recordemos cuántos hackeos ha sufrido la 4T).
Pero, ¿qué implicaciones contempla este esquema? Primero, un riesgo de privacidad masiva: políticas de suscripción, compras, servicios de citas, streaming, venta de bienes a través de apps, podrían quedar expuestas a revisión sin órdenes judiciales claras. Segundo, un riesgo para la seguridad de nuestros datos: las plataformas deben adaptar sus servidores para conexión directa que no ha sido estandarizada y podría convertirse en puntos de fuga de datos. Tercero, un riesgo de abusos de poder: pequeñas empresas o usuarios individuales estarán en desventaja frente a una autoridad todo poderosa.
Esta medida, como muchas otras, en lugar de fomentar confianza, inversión, innovación y competencia, pone a México de nuevo en la lista negra de las grandes inversiones, además de fracturar todavía más la confianza ciudadana en las instituciones, porque ¿quién confiaría en un Estado que no respeta los límites de su privacidad? 
La recaudación no se construye sobre vigilancia ni persecución, sino que se edifica sobre resultados y transparencia. Construir un “big brother” fiscal es lo que nos faltaba para sentirnos en un episodio de “The Black Mirror”. Otra más de Morena en contra de las y los mexicanos.

Big brother fiscal

La Universidad de Guadalajara acaba de cumplir un siglo desde su refundación, y con ello, celebra no sólo una trayectoria académica, sino la construcción de una identidad colectiva que ha marcado a generaciones enteras. Hoy no se puede entender a Jalisco y a México sin la existencia de la UdeG, porque la Universidad es un proyecto de educación pública, movilidad social, de pensamiento crítico y de cultura viva, que ha transformado la vida nacional.
Fundada en 1925 —aunque con raíces más antiguas, que se remontan al siglo XVIII con la Real Universidad de Guadalajara—, la Casa de Estudios nació en un contexto de reconstrucción nacional. México salía de la Revolución y buscaba consolidar instituciones que formaran ciudadanía, ciencia y progreso. En ese escenario, la Universidad de Guadalajara se convirtió en un faro regional que conectó a Jalisco con los grandes debates nacionales: la reforma educativa, la expansión de la enseñanza laica, el acceso al conocimiento como derecho y no como privilegio.
A lo largo de este siglo, la máxima casa de estudios de Jalisco ha sido más que un sistema educativo, es el refugio de ideas liberadoras en tiempos de autoritarismo, sosteniendo una visión humanista que da equilibrio entre excelencia académica y compromiso social. Todo gracias a su autonomía, la cual debemos defender siempre.
Basta pensar en la red universitaria, un legado que sólo pudo ser posible gracias a un visionario como Raúl Padilla; es el modelo que ha permitido que jóvenes de todo el Estado tengan acceso a educación superior sin abandonar sus regiones de origen. Ese logro, que a veces se da por sentado, ha transformado el mapa social y económico del Estado. Y no sólo en términos educativos, pues en cultura, la UdeG se ha convertido en un referente con el Festival Internacional de Cine, la Feria Internacional del Libro, Papirolas y una red de museos y recintos que proyectan a Jalisco al mundo.
Pero si algo ha distinguido a la Universidad de Guadalajara es su capacidad de resistir y adaptarse, sobreviviendo a crisis políticas, recortes presupuestales y tensiones con gobiernos, siempre sin perder su vocación pública. En la actualidad, cuando la educación enfrenta retos como la precarización laboral, la desigualdad o la inseguridad, la UdeG tiene la responsabilidad de seguir a la vanguardia para seguir adelante en su misión de formar personas libres, críticas y solidarias.
Hace un siglo, Jalisco soñó en grande y refundó la Universidad de Guadalajara. Desde aquel 12 de octubre de 1925, la UdeG no ha dejado de impulsar el conocimiento y llenar de orgullo a nuestro Estado. Hoy somos la segunda universidad pública más importante de México, con más de 336 mil estudiantes, 19 centros universitarios, 100 licenciaturas, más de 330 posgrados y 175 preparatorias que abren caminos a miles de jóvenes parte de la manada. 
Como orgullosa Leona Negra no me queda más que decir: ¡Feliz centenario a mi Universidad!

Cien años del rugido de la Universidad de Guadalajara

Luego de una visita a Palacio Nacional, Adán Augusto López, el operador de Morena, La Barredora y el cártel de Macuspana, quien además coordina a los senadores morenistas, convocó de manera sorpresiva a una sesión extraordinaria en el Senado de la república. La versión extraoficial: la posible salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República, y la posible candidata a sustituirlo: Ernestina Godoy, quien hasta ese momento hacía de Consejera Jurídica de la Presidencia.
La sesión era tan urgente que Adán Augusto solicitó a los senadores oficialistas regresar a CDMX o convocar a sus suplentes para garantizar la mayoría calificada. La sesión se llevó a cabo, la carta de dimisión informaba la separación del cargo para irse de embajador “a un país amigo”. López Hernández informó a los coordinadores parlamentarios que Gertz fue emplazado a presentar su renuncia por no presentar dos informes anuales, que por mandato constitucional, estaba obligado a presentar.
Gertz Manero fue, en términos reales, el primer fiscal de México, dado que antes del 2019, año en que fue nombrado por López Obrador, la figura de la Fiscalía era la de la Procuraduría; el cambio ocurrió tras una reforma constitucional que pretendía darle autonomía respecto al Ejecutivo. Tras esta reforma, la persona titular de la Fiscalía ocuparía el cargo durante nueve años, de manera transexenal; a Gertz Manero le quedaban dos años antes de concluir su encargo.
Gertz inició su trayectoria en 1961, en el sexenio de López Mateos, ocupando cargos modestos; en 1975 con Luis Echeverría asumió la Operación Cóndor, hacia 1998 se convirtió en secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal en la administración de Cuauhtémoc Cárdenas, y en 2000 fue secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox, renunciando en 2004. Regresó a la vida pública como diputado federal por Movimiento Ciudadano en 2009 sin ninguna iniciativa aprobada y con más de la mitad de ausencias en las votaciones. Su tercer regreso, en 2019 hasta hoy.
De acuerdo con el diario español El País, en estos años en el servicio público, Gertz logró hacerse de un envidiable patrimonio compuesto por cuatro viviendas en España, un departamento en Nueva York, otro en Santa Mónica, California, y 122 vehículos de lujo, todo con un valor aproximado de 287 millones de pesos.
Como fiscal, Gertz Manero cerró los expedientes de las investigaciones en contra de Pío López Obrador, persiguió a 31 científicos del Conacyt, mantuvo encarcelada por tres años sin sentencia a Rosario Robles, y negó de manera escandalosa que el Rancho Izaguirre fuera un centro de exterminio, tal como aseguraban las madres buscadoras.
Tras su salida, todo apunta a que Ernestina Godoy sea la próxima Fiscal General de la República; incluso asumió el cargo de manera interina. Esto advierte un peligro inminente: la Fiscalía perderá la poca o mucha autonomía que tenía, todo responderá a Morena, y la persecución será aún más hostil de lo que ya era.

La salida de Gertz Manero