Vicente Viveros

Nadie en su sano juicio podría estar en contra de mejorar las condiciones laborales de la fuerza trabajadora del país. En ese sentido el aumento salarial del 13 por ciento para quienes menos ganan en el 2026, más la reducción paulatina de la jornada laboral de 48 a 40 horas del 2027 al 2030 deberían ser buenas noticias. El problema viene después cuando hay que sacar el ábaco para hacer cuentas y entonces las cosas se empiezan a complicar.
Sin duda, las grandes unidades económicas privadas están en una mejor condición para poder absorber el impacto de ambos beneficios laborales. Sin embargo, las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) tendrán serias dificultades para poder atender las nuevas normas y es relativamente fácil de explicar. Para las personas emprendedoras o pequeños empresarios con pocos trabajadores, el impacto salarial será mayúsculo, ya que al salario directo hay que incrementarles seguridad social más impuestos, aunado  a que hay la necesidad de solventar las horas de reducción laboral, que por cierto parece tiene una trampa al no hacer explícita la obligación de tener dos días de descanso por semana; habrá que ver la manera en la que se implementa dicha reforma en la práctica.
Lo anterior significa que los costos por estas disposiciones tendrán un significativo impacto entre el sector que produce la mayoría de los empleos en México, con posibles consecuencias en el corto y mediano plazos. La primera es un menor porcentaje de creación de nuevos empleos, lo que aumentará la tasa de personas en desocupación laboral; la segunda tiene que ver con el cierre de un considerable número de unidades económicas denominadas MIPYMES, aunado a la presión inflacionaria y el aumento de la informalidad.
Todo lo anterior no queda exento de la amenaza constante del presidente vecino del Norte, de aumentar aranceles o desconocer el T-MEC para reemplazarlo por uno en otras condiciones, que hacen tener la tormenta perfecta. Por ello es indispensable aumentar la confianza del sector privado para promover la inversión, por ejemplo dando certeza jurídica, es decir respetar las reglas que impone el Estado, aunque últimamente estas no sean del agrado de buena parte del empresariado; el crecimiento del país en los últimos años es casi igual a cero, Pemex es un barril sin fondo y la deuda pública se incrementa peligrosamente; en verdad el horizonte no es prometedor y espero estar equivocado. El tiempo lo dirá.
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Salario mínimo y jornada laboral

Así como el gobierno federal y sus brazos políticos acusaron a la oposición e intereses privados, e incluso a actores internacionales, de convocar y financiar la marcha de la llamada Generación Z, de igual manera se acusan “intereses políticos” detrás de las manifestaciones de transportistas y agricultores, deslegitimando a priori la libre manifestación de las ideas y de expresión, aún consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es de llamar la atención la negación de los problemas reales que viven varios sectores de la sociedad mexicana. Nadie en su sano juicio desconoce la crisis de inseguridad que viven no solo los transportistas en varias regiones del país; este tema también lo viven las personas automovilistas en donde el crimen organizado planta retenes, roba, extorsiona y secuestra a quienes tienen la necesidad de viajar por las carreteras nacionales.
De igual manera, los productores de maíz y de otros productos ven cómo se gasta más en producir que lo que se recibe por la venta de dichos productos, que además se ven afectados por el mismo mal que los transportistas. El crimen organizado marca los precios de venta de diversos bienes y servicios en amplias regiones de México como el aguacate, el pollo, las tortillas o el limón, siendo obligados por la extorsión bajo el riesgo de perder la vida en caso de no cumplimentar el mandamiento de las otras autoridades.
No ver esta situación y reducir las manifestaciones a intereses mezquinos o extranjeros es de alto riesgo. Sigue orillando a la protesta como única válvula de escape ante el flagelo de la inseguridad que doblega a autoridades locales, estatales y federales en diferentes zonas; reza un dicho que el primer paso para solucionar un problema es reconocerlo y en ese reconocimiento hay que construir las medidas para solucionar una problemática compleja, multifactorial y de soluciones paulatinas, con el concurso de todos; de lo contrario, no hay remedio posible.
Estigmatizar la protesta achacándosela a la oposición, es darle al “prian” un estatus de organización que hoy no tiene, pero que evidentemente da líneas discursivas que cualquier oposición en un país democrático aprovecharía, pero no hay que desviar la atención, hay que focalizarse en resolver el serio problema que viven diversos sectores y comunidades por incómodo que sea el tema, y a pesar del 70% de aprobación presidencial, hay que gobernar para todos y solucionar los problemas que atañen a las obligaciones jurídicas del Estado mexicano. De lo contrario, no sirven las encuestas, ni los millones de votos.
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La culpa es de otros

El pasado sábado 15 de noviembre México vivió un día especial. La denominada Generación Z salió a manifestarse en diversas plazas, destacando la del Zócalo capitalino, ese espacio de 46 mil metros cuadrados que parecen ser exclusivos para las manifestaciones o celebraciones del grupo en el poder, y antaño cuando eran oposición, que en ocasiones como la de la marcha en comento, se utilizan todas las artimañas para hacer su uso más complicado, llegando a lo grotesco y peligroso.
Primero. La manifestación es legítima, más cuando se trata de una generación que como pocas ha sido golpeada directamente por el Estado y por las omisiones del propio Estado, una generación prácticamente sin derechos. Con una pobre perspectiva de tener una pensión digna, de un trabajo formal, de un trabajo bien pagado, sin un esquema eficiente de salud o de seguridad y a la que la voracidad del crimen organizado engulle sin piedad con falsas promesas laborales o por la fuerza, sin que la autoridad haga algo para evitar que siga sucediendo.
Además, es una generación que nació en la era digital, que se informa por esa porosa vía y que genera sus propios canales de comunicación alejados de los medios tradicionales y que al gobierno le son ajenos. La diversidad y la confluencia de opiniones e intereses en las plataformas digitales, hacen que sean difíciles de comprender ante la atomización e inmediatez. Sin embargo, hay un hilo común: la falta de oportunidades para una vida digna, y eso hizo que se diera una organización para dar un golpe en la mesa y decir ¡Aquí estamos! 
Segundo. Penosa y ridícula la acción del régimen, antes para descalificar la convocatoria, que obliguen a Ricardo Salinas a pagar sus impuestos, situación con la que nadie podría sensatamente estar en desacuerdo. No tiene nada que ver con la manifestación, pero independientemente del discurso distractor, lo que es nefasto, en las izquierdas y las derechas, es el uso intimidatorio y abusivo de las fuerzas del orden; vimos una fiereza policial como nunca en los siete años del actual régimen, las evidencias videográficas sobran. Pareció una policía de un gobierno autoritario y el fortalecimiento del discurso amigo-enemigo se aplica con la población equivocada; los enemigos no son nuestros jóvenes inconformes. Grave error el del régimen que se aleja del respeto a la diversidad de opinión y del derecho de manifestación; no se da cuenta o no quiere darse cuenta de que poco a poco afecta a múltiples minorías, presumiendo el apoyo mayoritario del “pueblo bueno”, hasta que llegue el momento en que tantas minorías acaben convirtiéndose en mayorías.
Es indispensable tener personas gobernantes con visión de Estado, para resolver los problemas con el vecino del Norte, la inseguridad y el tema económico, además de preservar nuestra imperfecta democracia. De lo contrario, se genera un cóctel explosivo en el mediano plazo.
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La marcha

Además de los serios problemas en seguridad, medioambientales, de inflación (aunque los datos del INEGI digan otra cosa), con los productores de maíz o de la distribución de agua en varias partes del país, se suma uno más que no tarda en convertirse en una crisis financiera y social: Las pensiones.
Es pertinente decir que los problemas pensionarios en el mundo son latentes. México no es el único con este problema. El asunto es que mientras en otras latitudes se han realizado las modificaciones legales para paliar el problema, aquí nos cuesta enfrentar la problemática por el costo político que irremediablemente tendrá en el corto plazo, sin tener en cuenta que de seguir pateando el balón, cuando explote probablemente nos lleve a una crisis social de consecuencias impredecibles.
No se necesita ser economista para darse cuenta que en los diversos regímenes de pensiones nacionales, la aportación de la persona trabajadora más la aportación patronal no son suficientes ni en tiempo, ni en monto para cubrir las pensiones de personas que gracias al avance de la ciencia, vivimos más años pero a la vez vivimos más enfermos, lo que aumenta el costo que el Estado tiene que invertir en salud y pensión de millones de personas que tienen la fortuna de contar con una pensión por sus muchos años de trabajo.
El resultado es previsible: los servicios de salud son deficientes y las presiones sobre las arcas públicas aumentan a un ritmo que llegará el momento en que no se puedan pagar. Es indispensable reformar nuestro régimen haciendo que la aportación del trabajador y el patrón aumenten también en monto y en tiempo, sin duda una decisión difícil políticamente, pero necesaria económicamente para que subsista la viabilidad financiera.
Ejemplos existen y uno al cual valdría la pena voltear, es el régimen de pensiones de la Universidad de Guadalajara, en el que el resultado es que será sano financieramente de manera perenne con el esfuerzo de quienes trabajamos en ella y de la parte patronal; no debe ser un asunto político, debe de ser un asunto de matemáticas para evitar crisis como ya la viven varias instituciones de educación superior y varias entidades federativas. La discusión no debe ni puede posponerse, es ahora o ya no habrá tiempo para darle viabilidad financiera a la posibilidad de tener pensiones justas y permanentes.
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Las pensiones

Inevitable escribir sobre el artero asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado sábado 1 de noviembre en un festejo público relacionado con las festividades del Día de Muertos y que ha causado un alto impacto por el perfil del edil y su frontal lucha contra los grupos del crimen organizado que asolan a su municipio.
Los golpes de realidad frente a las estrategas gubernamentales acaban con la esperanza, nos recuerdan que en Michoacán como en muchos territorios del país, la delincuencia impone condiciones, se convierte en gobierno formal en algunos casos y en otros se convierten el “otro” gobierno; deciden sobre quién puede vivir y quién no; controlan la oferta y demanda de bienes y servicios; cobran “impuestos” no establecidos en ninguna norma jurídica; silencian a personas consideradas incómodas y a los medios de comunicación, más un largo etcétera en donde el constructo del Estado mexicano pierde potestades de manera alarmante.
Dentro de esta tragedia diaria vivida por el alcalde Manzo y por miles de personas todos los días, vale la pena hacer un llamado a una pausa, una pausa que tenga como fin la imperante necesidad de escucharnos sin estridencias, para tratar de comprender qué sucede y trazar líneas que permitan visualizar una luz al final del túnel; no hablo de politizar nada, hablo de la necesidad de establecer acuerdos para la sobrevivencia como nación.
Personas mezquinas existen en ambos bandos en los que el discurso oficial nos ha inducido. En efecto, hay quienes pretenden sacar raja política de la tragedia, lo que es deleznable, pero también es momento de que la mayoría política comprenda que es necesario consensar, hacer un llamado a la unidad frente a la emergencia, sin pisotear, sin pensar que su visión es la única válida, sin seguir recurriendo al discurso en donde el pasado es el culpable después de siete años de gobernar. El momento necesita a mujeres y hombres con visión de Estado más allá de posiciones partidistas o ideológicas. La crisis de seguridad no es exclusiva del gobierno federal, ni de los estatales o municipales, es de todos y si no es la lucha contra el crimen y contra los esquemas de corrupción que permean en instituciones y en la sociedad misma, no habrá otra posibilidad de punto de encuentro. Son tal vez los únicos temas que pueden unificar la diversidad política y social, en una teoría que Arturo Ríos (integrante del CPS) desarrolla intelectualmente.
Coincido con su lectura y tal vez sea una de las últimas oportunidades para recuperar desde el microespacio, territorio y soberanía, porque así como los perdimos en pequeños espacios y territorios que ya ocupan la mayoría de la extensión nacional, así que es hoy o tal vez, ya no sea en mucho, mucho tiempo.

Escucharnos

Desde hace unos días, el Partido Acción Nacional (PAN) anunció con bombo y platillo, tal vez sin el mejor tino por la tragedia que aún viven Veracruz y otros estados debido a las lluvias, su relanzamiento, la modificación de su logotipo y las líneas discursivas políticas frente a la elección del 2027.
Destacan varias cosas: primero el rompimiento con el PRI, sabedor de que la alianza del pasado proceso electoral fue un fracaso y que el Revolucionario Institucional quita electores en vez de aportar, aunado esto a que el descrédito de su dirigente, “Alito” Moreno, difícilmente puede ser peor y tal vez en 2027 veamos a un PRI más preocupado por conservar el registro que por ser una opción real frente a la alianza mayoritaria.
En segundo término, es claro que la dirigencia del PAN quiere dejarse de ambigüedades ideológicas (esas que siempre se permitió el PRI) y regresa, al menos discursivamente, a dejar con claridad que es un partido de derecha; sus elementos discursivos de “patria, familia, libertad” así lo indican, y asumo que lo hacen en el ánimo de conservar su nicho electoral, de contrastar con mayor claridad su posición frente a Morena y de tratar de aspirar una bocanada de oxígeno frente a la apabullante realidad electoral. Sin duda, es de agradecerse la claridad discursiva y debatir sin ambigüedades ideológicas qué tanto daño hacen a la discusión pública. Sin embargo, esta ruta también tiene peligros.
Situaciones como la que viven Argentina, Estados Unidos o Italia, solo por mencionar algunos, hacen prever que se polarizará aún más el debate y será superficial; ahondaremos el blanco y el negro sin matices, dejando grandes espacios vacíos. La discusión dejará de lado las soluciones reales y el terreno para los extremistas es el adecuado, y no son pocos los casos en que estos escenarios dan como resultado el nacimiento de personajes populistas y peligrosos. Para que esto no suceda hay que ser profundos en el análisis, en la construcción de propuestas y no caer en simplismos vende-escándalos. 
No me referiré con calificativos al festejo de cumpleaños de Ricardo Salinas Pliego, pero es en estas casualidades donde en un escenario como el nuestro, donde hay escases de liderazgos, figuras altisonantes y “llamativas” brotan y se encuentran en ambas orillas, tan parecidos y lejanos; el resultado por lo general no es alentador y las mermas de las democracias, en este caso la nuestra, parece que se sigue desdibujando, llevándonos a una zona de densa nubosidad.

Los extremos

Será en el primer periodo ordinario de sesiones del 2026 en el Congreso de la Unión, cuando llegue la iniciativa (probablemente preferente) de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la reforma electoral, con los resultados que le entregue la comisión creada con ese fin y asumo, llegará a su fin la mayor etapa de modificaciones constitucionales y legales que la 4T se estableció para lograr su visión sobre lo que debe de ser la administración pública. Es decir, un regreso tropicalizado de la centralización gubernamental de la mayor parte del siglo XX.
Eliminando prácticamente cualquier contrapeso, con un debilitamiento de los derechos humanos y un fortalecimiento del actuar gubernamental, esta etapa marca el sello de la presidenta, que por cierto debe dar otra batalla, la interna, para tratar que sin una fractura de altos costos, pueda asumir el control total de su movimiento, incluyendo a los partidos aliados, y tener una mayoría parlamentaria afín a ella en la segunda parte de su mandato.
Asume la titular del Ejecutivo que en la aplicación cotidiana de las normas, podrá tener el control suficiente para lidiar con el tema del crimen organizado, de deshacerse políticamente de actores heredados por su antecesor e imprimir su sello en la gestión pública que le permita consolidarse y hacer contraste (sin ser desagradecida) con el iniciador del actual régimen.
La reforma electoral sin duda, consolidará la hegemonía de la mayoría, debilitará al árbitro electoral a pesar de que lo hará más robusto; el INE seguramente organizará todas las elecciones del país, es decir en los dos mil 469 municipios, las 32 entidades federativas y la federal. Será un mamut institucional con mega atribuciones, pero controlado para que nada se salga del guion, nada de que extrañemos a Manuel Bartlett, parece ser el mensaje.
Hay una alta probabilidad de que con la parte favorita del discurso, el del ahorro de recursos, desaparezcan los organismos públicos electorales y los tribunales electorales locales, para también centralizar la función jurisdiccional electoral, así como elegir a las personas consejeras electorales mediante las urnas, en un asambleísmo demencial, y en donde como quedó evidenciado en la elección judicial, llegan un buen número de personas con poca preparación y los precios finales serán altísimos en dinero y en costo democrático.
Lejos quedan Hamilton, Madison, Jay, Montesquieu, Otero, Prisciliano Sánchez, Ramos Arizpe, entre otros, muchos que dieron vida al federalismo y la división de poderes. Sin duda, a los gobiernos hay que evaluarlos con sus luces (que las hay) y con sus sombras, y en este apartado, asumo que nuestra noche será larga y oscura en demasía.

La última frontera

El pasado domingo 12 de octubre se celebró el centenario de la refundación de la Universidad de Guadalajara por iniciativa del entonces gobernador del Estado, José Guadalupe Zuno y siendo su primer rector Enrique Díaz de León, en tiempos que eran convulsos para nuestra nación. Recién terminada la Revolución Mexicana y con una inestabilidad política aún imperante en la nueva etapa institucional de México, se abrió paso la que hoy es la Universidad pública de mayor trascendencia en el ámbito subnacional y que sin duda, es modelo a seguir en la educación media superior y superior no solo en nuestro país.
Grandes mujeres y hombres dieron origen a esta etapa de nuestra Alma Mater y es insuficiente este espacio para nombrarlas a todas ellas. Por ello, me quiero enfocar en mencionar que las universidades en general son y deben seguir siendo espacios en donde la libertad sea la principal premisa; la diversidad de opiniones, la generación de conocimiento científico, el análisis de las problemáticas sociales y la generación de propuestas para su atención y solución, son la esencia de la Universidad.
Por ello, no es sorpresa que nuestra casa de estudios tenga recurrentemente en el tiempo, expresiones que cuestionen no solo al poder institucional externo, sino a la propia organización interna. Mal haría la Universidad si no forma a estudiantes con pensamiento crítico que cuestionan la realidad de la sociedad, incluida nuestra inmensa y rica comunidad de más de trescientas mil personas y que ejerce el segundo presupuesto más alto en Jalisco.
Es inevitable que parte de sus estudiantes cuestionen legítimamente la forma en que funcionamos, sin ser omiso en mencionar que en esta diversidad siempre habrá intereses externos que busquen aprovechar la circunstancias para desestabilizar. Sin embargo, no tengo duda de que la fortaleza de la comunidad universitaria, de sus autoridades, de sus profesoras y profesores y de sus trabajadores, tendrán las capacidades para atender el reto y escuchando a la diversidad, atendiendo aquello que es posible atender y cerrando filas frente a los intereses ajenos, dará como resultado un avance significativo en la calidad de la educación y en la atención de las diversas problemáticas que permanentemente se presentan en la dinámica universitaria.
La Universidad en este siglo de vida, siempre ha sido más grande que sus problemas y en esta ocasión no será la excepción. Hay ruta, hay en la rectora liderazgo, y certero estoy que de la actual circunstancia saldrá una universidad con mayor fortaleza cumpliendo la máxima de pensar y trabajar.

La Universidad de Guadalajara

La presidenta de la república se anota un triunfo político de alto impacto, con repercusiones internas en la 4T y por supuesto, ante la opinión pública nacional e internacional. Con una jugada de billar denominada “de tres bandas”, consigue recuperar activos políticos y margen de maniobra frente a la crisis que ha enfrentado su popularidad y un significativo desgaste político desde hace al menos un par de meses, por el errático manejo frente a las protestas de la Generación Z y el caos carretero de transportistas y productores alimentarios.
La salida de Gertz Manero de la Fiscalía General de la República le permite enviar un urgente y además necesario mensaje de poder, teniendo enfrente diversos flancos abiertos como el del Donald Trump que exige, reclama, una mejor coordinación y mayor eficiencia en el combate al crimen organizado. Adicionalmente, también completa un eje que le funcionó en la CDMX con la dupla García Harfusch-Ernestina Godoy y por último, utilizó a Adán Augusto López para operar con rudeza el tema, entendiendo el senador que en su momento de debilidad debe acatar sin cuestionar las instrucciones de Palacio Nacional.
Tal vez por primera vez en poco más de un año, la presidenta da un manotazo en la mesa, marcando incluso cierta independencia de su predecesor. El manejo de Gertz en sus años por la fiscalía fueron poco menos que desastrosos; utilizar el cargo para vendettas personales con su familia política por herencias o el manejo de una universidad privada en Puebla, son solo botones de muestra de un personaje, representante fiel del manejo político de la procuración de justicia como en los años setenta.
A la presidenta le acabó siendo conveniente la resistencia de Gertz para renunciar. Le permitió utilizar todo el aparato de poder para doblegar al exfiscal, con la mayoría del Senado representada por las toscas formas de ejercer el poder de Adán Augusto López, quien logró con rapidez doblegar el intento de rebelión y entregó en bandeja el puesto a la titular del Ejecutivo, quien de manera interina colocó a una incondicional de toda su confianza, Ernestina Godoy.
Así, la presidenta toma la cadena completa de la procuración e impartición de justicia, con una fiscal afín, un secretario de Seguridad de toda su confianza y un Poder Judicial a su servicio. Ahora no tiene ningún pretexto y la consolidación de su posición en el tablero la convierte, sin medias tintas, en la total responsable de la seguridad en el territorio nacional. 
Sobre la autonomía de la Fiscalía General, lo dejamos para mejor ocasión…

La Fiscalía