Recaudar más para crecer menos. El costo de abandonar la inversión pública

El 28 de noviembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que sus ingresos no petroleros aumentaron, de enero a octubre de este año, 5.3 % real anual, colocándose 110 mil millones de pesos por encima de lo previsto, mientras que la recaudación de impuestos aumentó, en el mismo período, 6.1% a tasa real anual, debido a una administración fiscal más eficiente y a una mayor vigilancia aduanera.
Los datos son positivos, sin embargo, el esfuerzo de recaudación será improductivo si se gasta básicamente en gasto corriente.

Para ser más clara, el gasto público se divide en dos: gasto corriente y gasto de capital.

El gasto corriente es el gasto de operación: sueldos de burócratas, pagos de renta y luz de las oficinas públicas. A ello hay que sumar pensiones y jubilaciones, subsidios, transferencias y aportaciones.

El gasto de capital es en: construcción no residencial, maquinaria y equipo. La construcción no residencial son obras de infraestructura básica como carreteras, drenaje, alcantarillado, electrificación, redes hidráulicas, escuelas públicas, universidades, etc.

El gasto corriente se considera improductivo versus el gasto en capital, también conocido como inversión fija bruta por su menor efecto multiplicador.

El problema es que ha aumentado el gasto en servicios personales 3.2%, el gasto en pensiones y jubilaciones 7.5%, en subsidios, transferencias y aportaciones 0.7%, y el costo financiero de la deuda pública 7.9%; pero el gasto de capital o inversión fija bruta ha caído un 29.1%, fenómeno que se viene presentando desde el segundo trimestre del 2024.

Lo anterior es un problema porque por cada peso gastado por el gobierno en infraestructura se genera un efecto multiplicador sobre la inversión privada, ya que los proveedores del gobierno reciben un ingreso que a su vez gastan en otros sectores, los que a su vez gastan en mayor producción de bienes y servicios, aumentan el empleo y generan ingresos para sus trabajadores, sus proveedores, e incluso para el propio gobierno por el pago de impuestos. A ello le llamamos el multiplicador del gasto público , porque genera un efecto de encadenamiento que promueve el crecimiento económico en múltiples sectores, incrementa la generación de empleos, los ingresos de la población y el bienestar social.

Las investigaciones establecen que, en México, por cada peso gastado por el gobierno en inversión productiva, el ingreso nacional podría crecer entre 2.5 y 5 pesos adicionales, siempre y cuando la población consuma entre el 60% y el 80% de su ingreso.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, un peso de gasto público bien invertido puede generar un impacto 2.5 veces mayor en crecimiento económico, pero para ello debe ser un peso gastado de forma eficiente y que haya instituciones sólidas y autónomas. Así, dicho multiplicador es hasta tres veces mayor en países con instituciones autónomas y sólidas que en aquellos países con instituciones más débiles.

El problema es que en México, el gasto público de inversión ha venido cayendo de forma sistemática desde el primer trimestre del 2009, cuando llegó a representar el 6.4% del PIB y actualmente representa solo el 2.2%, y de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el multiplicador fue negativo del período de 1993 a 2022, y por cada peso gastado en inversión pública, la economía se contrajo en -0.2.

El otro problema es que el 75% del presupuesto público se destina a gasto corriente y a ello se suma el incremento del costo financiero de la deuda, que junto con la deuda de Pemex y la CFE representan el 6.6% del PIB, ello es 3 veces más que la inversión pública en infraestructura del gobierno.

Como resultado, México tendrá un menor crecimiento económico a futuro y, por lo tanto, una menor recaudación, de forma que las mejoras en eficiencia recaudatoria acaban siendo insuficientes.