El sábado pasado, 6 de diciembre, una camioneta se convirtió en un coche bomba en la comunidad de Coahuayana, en Michoacán. El saldo es de seis personas fallecidas y otras siete heridas, pero además de las cifras ordinarias de la nota policiaca, otro saldo es la profunda preocupación de un posible escalamiento en el uso de armamento en la actividad de la delincuencia organizada.
De inicio, se consideró que el bombazo en esta pequeña población en la zona donde colindan Colima y Michoacán, podría haber tenido un mensaje para la presidenta Claudia Sheinbaum, en su festejo por el séptimo aniversario de la transformación en el Zócalo de la Ciudad de México.
Pero esto se antoja más que probable, imposible.
La explicación más aceptada en este caso, es que se trate de otro enfrentamiento entre grupos del crimen organizado que pretenden dominar este pequeño paso, que es la puerta de ingreso a la costa michoacana, por donde se ha traficado durante años con drogas y armamento, sin encontrar mayor resistencia de la autoridad.
De hecho, muchos de los fallecidos forman parte de una fuerza armada civil, una policía comunitaria.
Muy grave, resulta que este bombazo haya ocurrido mientras se aplica el Plan Michoacán, con el que el gobierno federal pretende responder a una violencia de décadas enraizada en este Estado del país, que encontró un nuevo pico en el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre, y que provocó una crisis que aún perdura en el gobierno federal, aunque ya no resuena en las redes sociales y los medios de comunicación.
Pero hay otra lectura de los hechos: Se profundiza la preocupación por el uso de coches bomba. La información preliminar indica que el conductor de la camioneta perdió el control y el vehículo estalló antes de lo planeado, lo que obliga a preguntarse cuál sería el saldo mortal si el plan proyectado se hubiera ejecutado con eficiencia criminal.
En Michoacán ya ha ocurrido de todo: armamento cada vez más pesado; uso de drones con explosivos, minas terrestres y ahora, un coche bomba.
Vistas así las cosas, la pacificación se aleja en lugar de acercarse.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, tiene mucho por hacer en Michoacán, igual que se demanda de su acción y la de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en otros puntos del país.