Jonás

El sábado pasado, 6 de diciembre, una camioneta se convirtió en un coche bomba en la comunidad de Coahuayana, en Michoacán. El saldo es de seis personas fallecidas y otras siete heridas, pero además de las cifras ordinarias de la nota policiaca, otro saldo es la profunda preocupación de un posible escalamiento en el uso de armamento en la actividad de la delincuencia organizada.
De inicio, se consideró que el bombazo en esta pequeña población en la zona donde colindan Colima y Michoacán, podría haber tenido un mensaje para la presidenta Claudia Sheinbaum, en su festejo por el séptimo aniversario de la transformación en el Zócalo de la Ciudad de México.
Pero esto se antoja más que probable, imposible.
La explicación más aceptada en este caso, es que se trate de otro enfrentamiento entre grupos del crimen organizado que pretenden dominar este pequeño paso, que es la puerta de ingreso a la costa michoacana, por donde se ha traficado durante años con drogas y armamento, sin encontrar mayor resistencia de la autoridad.
De hecho, muchos de los fallecidos forman parte de una fuerza armada civil, una policía comunitaria.
Muy grave, resulta que este bombazo haya ocurrido mientras se aplica el Plan Michoacán, con el que el gobierno federal pretende responder a una violencia de décadas enraizada en este Estado del país, que encontró un nuevo pico en el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre, y que provocó una crisis que aún perdura en el gobierno federal, aunque ya no resuena en las redes sociales y los medios de comunicación.
Pero hay otra lectura de los hechos: Se profundiza la preocupación por el uso de coches bomba. La información preliminar indica que el conductor de la camioneta perdió el control y el vehículo estalló antes de lo planeado, lo que obliga a preguntarse cuál sería el saldo mortal si el plan proyectado se hubiera ejecutado con eficiencia criminal.
En Michoacán ya ha ocurrido de todo: armamento cada vez más pesado; uso de drones con explosivos, minas terrestres y ahora, un coche bomba.
Vistas así las cosas, la pacificación se aleja en lugar de acercarse.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, tiene mucho por hacer en Michoacán, igual que se demanda de su acción y la de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en otros puntos del país.

Coche bomba en Michoacán

La presidenta Claudia Sheinbaum está cerrando el año con un golpe de timón; está anunciando un cambio de rumbo que aparentemente, la consolida como titular en Palacio Nacional (sólo aparentemente), pero que sí subraya una postura política: el enfrentamiento con la oposición será abierto y frontal, sin cortesías ni disimulos.
Pero además, se agota por completo el giro político interno en Morena. Adán Augusto López y Ricardo Monreal Ávila vuelven a ser los operadores oficiales del régimen en el Senado y en la Cámara Baja. Atrás quedan las confrontaciones internas… pero también como se apuntó antes, aparentemente.
El 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México, ante una nueva multitud (la presidenta aseguró que eran 600 mil personas, aunque resulte poco creíble) convocada para celebrar el séptimo aniversario de la transformación, la presidenta comenzó su mensaje con dos claros retos: “la mayoría de los jóvenes del país están con la transformación”, en una clara respuesta a la Marcha de la Generación Z del pasado 15 de noviembre; y además, “desde 2019 se eliminaron las condonaciones de impuestos”, en alusión directa al empresario Ricardo Salinas Pliego y el movimiento que empieza a configurarse para impulsarlo políticamente, a partir de su confrontación por el cobro de decenas de miles de millones de pesos en impuestos no pagados.
La presidenta subrayó también, en un cierre de año que se perfila como de inmovilidad económica (no entra en crisis, pero tampoco avanza), que el salario mínimo volverá a crecer (13% a partir del 1 de enero de 2026) y que la inflación se mantiene bajo control, además de que crece la generación de empleo y se mantiene la inversión extranjera directa. Y agrega, igual que lo hacía siempre su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, que “el peso es una de las monedas más respetadas en el mundo”. Todas son, sin embargo, afirmaciones que se quiebran cuando pasan por el tamiz de la ciencia económica, pero en un discurso político y populista impactan definitivamente.
En un último golpe de autoridad, Claudia Sheinbaum reiteró que hay campañas pagadas en redes sociales; ataques y desacreditaciones en medios de comunicación y en el discurso de los opositores neoliberales y conservadores, pero a pesar de eso “no vencerán al pueblo de México y a su presidenta”. ¿Es mensaje también para Andrés Manuel López Obrador, quien se presentó como vigilante y protector de la presidenta cuando apareció para anunciar su nuevo libro?
En ese panorama, y después de encontrarse con Donald Trump y Mark Carney, está cerrando el año la presidenta.

El mensaje de Sheinbaum: cambio de rumbo

El Presupuesto de Egresos para el año 2026 del Estado de Jalisco, está sujeto a un conflicto político en el que participan los intereses partidistas e individuales de diferentes diputados. 
Aunque se ha insistido en que el presupuesto debe quedar aprobado a más tardar el 15 de diciembre, empiezan a correr las versiones de una intención firme para detenerlo si no hay negociación para aprobar otros temas, principalmente la reforma al Poder Judicial.
En un caso extremo, si transcurriera hasta el último día del año 2025 y no se hubiera aprobado el presupuesto que debe ejercerse el año entrante, quedaría en aplicación el presupuesto vigente de este año.
La medida parece razonable, sin embargo, entraña no solamente un conflicto político entre diferentes actores públicos, sino también la paralización de los recursos que deben destinarse a todos los rubros de interés ciudadano, porque no hay que olvidar lo fundamental: Si bien es facultad de los diputados aprobar el presupuesto que propone el Poder Ejecutivo (el gobernador Pablo Lemus), y también es su facultad hacer propuestas de reasignación de recursos, como por ejemplo, lo relacionado con la búsqueda de personas desaparecidas y la atención a las familias que sufren esta tragedia, lo central es favorecer a los habitantes del Estado y no dar prioridad a los proyectos políticos y partidistas.
La diputada presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso, Gabriela Cárdenas, de Movimiento Ciudadano (MC) hace un llamado a todos los diputados para que no mezclen los proyectos políticos y los intereses de reformas que tienen que ver con otros tópicos. Desde su comisión, que es la responsable de la revisión inicial del presupuesto, solicita a sus compañeros que éste se tramite por sí solo, sin negociarlo con el interés de otras reformas… Es poco probable que atiendan su solicitud, pero cuando menos la plantea.
El ejercicio de los recursos con los que contará el gobierno estatal para el año 2026, y que superan 180 mil millones de pesos, no debe quedar sujeto al interés específico de un partido político o proyectos individuales. Al final, el presupuesto debe ejercerse en beneficio de los ciudadanos.
De esos recursos depende la operación de temas fundamentales como la educación, la salud y la seguridad.
Es entendible que los diputados de diferentes partidos pretenden sacar adelante la reforma al Poder Judicial, o la elección de funcionarios, como el titular de la Auditoría Superior, o de la Fiscalía Anticorrupción o nuevas magistraturas, pero ciertamente la importancia central radica en aprobar y garantizar el ejercicio de un presupuesto viable para el año entrante.

Presupuesto 2026 en el conflicto político

Como nos enseñaron desde siempre y como nos lo ha demostrado la vida: nada es gratis. Ayer, en la rueda de prensa mañanera en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un incremento al salario mínimo general para el año 2026 de 13 por ciento. Está perfecto, pero tiene un costo.
¿De qué estamos hablando? De un asunto básico y subrayado por los especialistas en economía: para que haya un incremento en las ganancias, antes tuvo que haber un aumento en los ingresos.
Un crecimiento del salario mínimo no es un asunto de decreto gubernamental, es un tema de economía en el que intervienen todos los factores que participan en la compleja sociedad económica de quienes producen, industrializan, manufacturan, venden y compran. 
Apenas anunciado el aumento al salario mínimo de 13% para el 1 de enero del año entrante, se dio a conocer que las afectaciones caerán directamente sobre las micro, pequeñas y medianas empresas.
Es imprescindible apuntar que el objetivo no es descalificar el aumento salarial; ese es un acto de justicia. ¿Los trabajadores tienen derecho a ganar más? Claro que sí. Afirmar lo contrario sería tomar una postura no sólo incorrecta, sino injusta. 
Sin embargo, para el especialista en economía, el incremento en los salarios no es un tema que se relacione con justicia, con ética o moral, es un asunto que debe sustentarse, es decir que de algún lugar tienen que salir los recursos para que un trabajador se lleve más dinero a la bolsa.
Ese dinero, evidentemente, lo aporta el contratador del empleado, o dicho de otro modo, el empresario que con su iniciativa y capital genera fuentes de empleo.
¿Y de dónde va a sacar el recurso económico para el pago de salarios? Naturalmente, del beneficio que tenga por la venta de sus productos. Al final de la cadena, quien termina sustentando un aumento de sueldos es el consumidor que paga por los productos que los trabajadores producen.
Parece tan elemental que sorprende el hecho de que el decreto sirva como referente para un discurso de carácter político, en el que vuelven a mezclarse conceptos como neoliberales, conservadores o “enemigos del pueblo”.
Si el mercado no sustenta el incremento salarial, lo que ocurrirá es lógico: Habrá cierre de empresas, disminución de las fuentes de empleo y al final, precios más costosos de los productos que todos consumimos; eso se llama inflación.
Ayer mismo se confirmó también que se aplicará escalonadamente la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Y eso es otra ganancia en los derechos de los trabajadores. También está perfecto. Sin embargo, no se están sentando las bases para que las pequeñas y medianas empresas, que son las principales generadoras de empleo en este país, puedan sustentar un esfuerzo de esa naturaleza.
Lo que corresponde ahora es que se concrete de verdad, y no solo en el discurso, un proyecto económico nacional que sustente a los generadores de empleo, para que las fuentes de trabajo sean duraderas y generen la riqueza necesaria que impacte en capacitación, productividad y salud; y además, que los generadores de empleo encuentren un sustento económico que les permita seguir adelante con su actividad.
Si esas condiciones teóricamente simples no se cumplen, lo que se impondrá es la vieja historia mexicana: lo que la ley garantiza, la realidad lo niega.

Salario mínimo: entre la ley y la realidad

En Jalisco sigue pendiente la reforma al Poder Judicial estatal, que implica también la elección abierta de jueces e integrantes de los diferentes tribunales. Por alguna o varias razones que no salen a la luz, el tema no avanza en el Congreso del Estado, a pesar de que los diputados reconocen que ésta será la reforma más importante que se apruebe en la actual Legislatura. En otras palabras, les interesa mucho, pero no la abordan.
Apenas este 2 de diciembre, un conglomerado de universidades privadas, instituciones como el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, la Coparmex y otros grupos representantes de la sociedad civil, lanzaron otra vez un llamado para que se aborde la reforma al Poder Judicial.
A los diputados se les hizo una puntual solicitud: separen la reforma al Poder Judicial y no la mezclen con los temas que están en la palestra en este momento, como la aprobación del Presupuesto 2026 para el Estado, el cierre de la glosa del Primer Informe o las reformas que han estado pendientes durante meses.
A los legisladores se les recomienda que sea en enero cuando se retome la reforma, a pesar de que actores políticos como los diputados de Morena hicieron un llamado para que la aprobación tenga lugar durante diciembre.
Adicionalmente, a los diputados se les pide volver sobre el tema con la propuesta ciudadana, la que se planteó después de consultar a barras de abogados, a la sociedad civil y a instituciones educativas; con esto, dejarían de lado las iniciativas que han presentado las diferentes fracciones políticas. Se vale pedirlo, aunque difícilmente se los van a conceder.
Si la bancada de Morena urge que la reforma se apruebe este mismo mes, la bancada mayoritaria, la de Movimiento Ciudadano, prefiere esperar y abordar el tema con más calma. 
Lo que se está haciendo evidente, es que la reforma al Poder Judicial en Jalisco se requiere con la mayor celeridad para brindar certeza al sector económico, al sector académico, al sector jurídico y a la impartición de justicia; en el ámbito federal ya se ven las fallas en la impartición de justicia; esos vicios pueden evitarse con una correcta reforma local.
En el fondo, la batalla política por la reforma al Poder Judicial sigue siendo la misma: Morena y sus aliados, defienden las posturas que llegan desde el gobierno federal, entre éstas, una de las más importantes es la insaculación, aunque la han reducido a su mínima expresión. Por el lado del partido del gobierno estatal, se insiste en garantizar mecanismos que permitan jueces y magistrados capaces, profesionales y éticos.
El problema de fondo es que entre las dos posturas principales faltan los incentivos de acuerdo y negociación. 
Hasta que ellos, los diputados, destraben este atorón.

El atorón en la reforma al Poder Judicial

Al inaugurarse la edición trigésimo novena de la Feria Internacional del Libro, FIL Guadalajara, recibió atención especial la presencia de dos personajes políticos: el secretario de Economía del gobierno federal, Marcelo Ebrard Casaubón, y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.
La presencia de ambos no tendría mayor relevancia si no se tratara del regreso o la reconciliación política a la que concita la feria del libro más importante de habla hispana en el planeta.
Solemos aceptar que la FIL es un encuentro literario, donde coinciden la poesía, la novela, el cuento… pero no puede ignorarse que la FIL es también un espacio de profunda acción política.
En el sexenio pasado, el del “primer piso” de la 4T, el expresidente Andrés Manuel López Obrador condenó a la FIL. La minimizó y quiso borrarla por ser, en sus palabras, el espacio donde coincidía la derecha, “los conservadores”.
Por fortuna, el pensamiento, la cultura y las letras tienen más vida y potencia que cualquier liderazgo político. Y así, actualmente, ya en la gestión presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo, quizás con cierta timidez, se admite la centralidad de la FIL y por eso se envió a Marcelo Ebrard, un político que ha encontrado en Jalisco su “patria chica”.
En cuanto al gobernador Pablo Lemus, desde que era alcalde halló en la FIL un espacio de crecimiento. Fue ahí donde se confrontó con quienes en el pasado habían sido sus aliados políticos, y se puede considerar que la FIL alimentó su proyección hasta alcanzar la gubernatura. 
Hoy, el primer gobernador que ejerce el cargo mientras la Universidad de Guadalajara (UdeG) cuenta con presupuesto constitucional, y que además, en sus primeros meses de gobierno impulsó la red de hospitales-escuela, mantiene un sólido pacto con la segunda universidad pública del país.
Si la FIL es el espacio donde confluyen los hombres y las mujeres de las letras y el pensamiento, también es el punto de coincidencia para que quienes piensan diferente, puedan encontrar el espacio de los objetivos comunes.
La FIL, en un momento histórico de confrontaciones políticas, de polarización de posturas, ha servido también, y hay que celebrarlo, como el punto de la coincidencia entre los diferentes. 
De eso y más, se nutre la democracia.

FIL: La reconciliación política

El ex presidente Andrés Manuel López Obrador rompió su encierro. Ayer domingo 30 de noviembre no resistió más y se presentó públicamente para dar a conocer su nuevo libro: “Grandeza”.
Mientras en Guadalajara se realiza la trigésimo novena edición de la Feria Internacional del Libro (FIL), el evento literario del año en América Latina que aprovechan todos los interesados para tener un espacio y asomarse al mundo a través de los medios de comunicación y las redes sociales, en Palenque, el ex presidente eligió un espacio para “regalar” una entrevista y presentar su nuevo libro.
El título del nuevo volumen obradorista alude a las culturas precolombinas. López Obrador, como es sabido, sacó después de 14 años su carrera de Ciencias Políticas en la UNAM, después de reprobar varias materias. Nunca se distinguió por su producción académica, aunque eso sí, muchos ensayos que llevan su firma han salido de las prensas; 21 hasta ahora.
En la hipótesis de López Obrador, a pesar de todas las circunstancias, México es una “potencia cultural”. Su propuesta, digamos, es un pleonasmo intelectual. Lo único valioso de su nuevo libro es que él es quien firma el libro, y seguramente tendrá éxito de ventas, aunque en poco tiempo pasará al olvido general, como sus anteriores 20 obras.
Lo más valioso, coyunturalmente, es que AMLO reaparece después de su retiro voluntario. Pero para advertir que regresará a la vida pública si considera que la democracia mexicana está en peligro, o si hay amenazas contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aunque lo considera muy difícil.
¿Qué significan sus palabras?
¿Quizá es la anticipación de que puede meterse en el proceso electoral 2027 si la balanza se inclina en contra de Morena? Es más que probable.
Que López Obrador reaparezca justo antes de cerrar el año tiene también varias lecturas. Presenta su nuevo libro cuando la presidenta Sheinbaum y Morena acusan divisiones y también, en el momento en que se reivindica a Adán Augusto López, quien prestó “sus servicios” para sacar de la Fiscalía General de la República (FGR) a Alejandro Gertz Manero.
También reaparece después de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación y para cerrar el año 2025, previo a un año de renegociación del T-MEC y un período decisivo para enfrentar al crimen organizado.
Habría que decir algo más: con la derrota de Gertz Manero, Sheinbaum se fortalece. No es que ella haya querido retar a López Obrador. Nunca se ha atrevido a hacerlo. Que AMLO reaparezca, puede ser también un recordatorio. Aquí estoy. Aquí sigo. Lo de las culturas prehispánicas es un mero pretexto.

“Grandeza”; el regreso de López Obrador

De manera intempestiva y aunque no estaba en el horizonte inmediato, ayer se avaló en el Senado la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR).
Alejandro Gertz estaba nombrado hasta el año 2028 como titular de una fiscalía que bajo su cargo, ni fue autónoma, ni fue eficaz. La actual FGR se diseñó como una entidad que debía ser independiente de la presidencia de la república, para tomar decisiones que fortalecieran el combate a la delincuencia y sobre todo, que garantizara el acceso a la justicia. 
Sin embargo, el fiscal que hoy se va, decidió plegarse a los deseos del poderoso expresidente Andrés Manuel López Obrador, y aunque en la actual administración federal mostró cierta autonomía, terminó también haciendo lo que más convenía para el estatus quo. 
Gertz Manero renuncia no porque esté cansado o porque haya decidido aceptar que otra persona debe atender las numerosas deficiencias en la FGR, sino porque le ofrecieron ser embajador en “un país amigo”. Acepta una beca, un retiro cómodo y pierde la oportunidad –que nunca aprovechó– para hacer de la Fiscalía una institución histórica que combatiera la enorme impunidad que persiste en México y que fuera el resguardo de los mexicanos ante el embate permanente de la delincuencia organizada y la inseguridad.
Pero a Gertz Manero lo perseguirá la historia. En Jalisco no se olvidará su papel como fiscal en el caso del Rancho Izaguirre, igual que en otros puntos del país será recordado por haber usado la fiscalía como una herramienta para beneficio de asuntos personales y herramienta de persecución contra los enemigos políticos.
En este momento no hay fiscal general en México. En el Senado de la república inicia el proceso para el registro y la posterior elección de quien deberá ser el protector de los derechos de los mexicanos frente a la comisión de delitos.
Por eso cabe la pregunta: ¿Es buena noticia que renuncie Alejandro Gertz?
Lo que viene a continuación es el acomodo de algún favorito de la presidencia y ya hay nombres sobre la mesa: Ernestina Godoy, Arturo Zaldívar o Félix Arturo Medina Padilla.
Los tres son cercanos al equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum. 
Cualquiera que llegue al cargo, enfrenta un escenario complicado en 2026: La FGR tendrá menos recursos económicos por los recortes que le aplicaron en la Cámara de Diputados al presupuesto.
Adicionalmente, la Fiscalía sigue siendo el espacio donde se acumulan las denuncias y las carpetas de investigación, mientras la percepción de que la inseguridad crece, se ve reflejada en los estudios del INEGI. 
Ese es el escenario que le espera al próximo titular de la Fiscalía y no, no son buenas nuevas.

Se va Gertz Manero: ¿buenas nuevas?

El senador Adán Augusto López presume su resurrección política. Apenas unas semanas atrás se le consideraba un “cadáver”, y se daba por descontado que en poco tiempo sería obligado a renunciar al Senado, y quizás a manera de salida por la puerta de atrás, convertirse en embajador de algún “país amigo”. Pero resistió y su paciencia se vio premiada por su cercanía permanente con Andrés Manuel López Obrador. En agradecimiento, Adán Augusto, está regalando 17 mil ejemplares de “Grandeza”, el último libro de su “hermano”, el expresidente.
Coincidentemente, también en el Senado, se presentó una iniciativa del senador del Partido del Trabajo, Alejandro González, para crear el Sistema Nacional de Comunicación del Estado Mexicano, con el objetivo de “contrarrestar” a los medios de comunicación de la derecha, con la creación y financiamiento oficial de prensa escrita, y productos de radio y televisión.
Estamos atestiguando un singular cierre del año 2025, no solamente por la reaparición de Andrés Manuel López Obrador para presentar su más reciente libro y romper su autoimpuesto exilio en Chiapas. En este esfuerzo, encuentra en Adán Augusto López a su principal promotor para regalar 17 mil ejemplares de un libro que carece de solidez histórica y contenido, pero que alimenta los mitos difundidos por su régimen.
Y después de haberse consolidado el control hegemónico del régimen morenista desde el Poder Ejecutivo, sobre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, ahora proceden antes de consolidar una reforma electoral, al uso del erario en la posible creación de un sistema de comunicación que ofrece enfrentar a los medios de comunicación tradicionales, a los que se considera adversarios y “de derecha”.
¿Qué es lo que se pretende: una mayor alienación, una más profunda polarización de opiniones? Es una manera muy maquiavélica para reducir la libertad de opinión, que no sólo encuentra en el poder del Estado una barrera permanente, sino también una acción de fuerza. 
La iniciativa de Alejandro González apenas se ha presentado y quedará pendiente que se aborde con un mínimo de seriedad.
Lo que impacta con más agudeza es el retorno de Adán Augusto López; tan pronto y tan impunemente después del caso de su ex secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena. 
El escándalo de “La Barredora” y del enriquecimiento inexplicable de López Hernández se convertirán en anécdotas de la 4T y si se aprueba el sistema de comunicación oficial, quizás hasta se transforme en protagonista de las historias oficiales.

Literatura y comunicación de la 4T